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Criminalizando la solidaridad
“A desalambrar a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya o de aquel, de Pedro y María, de Juan y José Yo pregunto a los presentes, si no se han puesto a pensar, que la tierra es de nosotros, y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra, nunca habrá pensado usted, que si estas manos son nuestras, es nuestro lo que nos den. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya o de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto o alguien no lo quiere oir, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país.”
Las estrofas de Daniel Viglietti suenan como protesta irreprimible frente a los tribunales que hoy quieren convertir en delincuentes a los once campesinos que con el curita Sánchez, párroco de Serrezuela, se atrevieron a “desalambrar” el terreno usurpado por el Sr. Mazzeo. Éste alegaba posesión basada en títulos inexistentes, presumiblemente fraguados. Con certificación de un banco porteño llegó hasta el campo de los Loyola que lo trabajaban, y alambró después de servirse de la policía local para desalojar a sus habitantes, ancestrales poseedores del terreno. Todos los reclamos y recursos a la justicia fueron inútiles. Tratados con menosprecio por las autoridades de la policía local recurrieron al Movimiento Campesino de Córdoba buscando asesoramiento y defensa. Ése es el motivo por el que tres de los integrantes de esa agrupación solidaria, que no tuvieron ninguna `participación en el episodio que motivó la denuncia del ex fiscal Casado, hayan sido colocados entre los sospechosos. Un periodista, un pequeño productor y un ingeniero agrónomo. Los demás son campesinos solidarios con los Loyola, conscientes de que si no se da una organización desde las bases para tomar decisiones, los pícaros de fuera y dentro van a seguir alambrando a más no poder. Para el tribunal de la Cámara Criminal y correccional de Cruz del Eje integrado por Clara Luna de Manzano, Angel Andreu y Nancy Menehem, esta es la gran oportunidad de sentar un precedente ó a favor de los usurpadores de terrenos que vienen multiplicándose ó a favor de los indefensos campesinos víctimas de engaños y amenazas fomentadas oficialmente, para que finalmente opten por resignarse a lo que se resuelva. Es ocasión particularmente importante el detalle de que el predio de que se trata sobre el que Ramón Mazzeo dice tener derecho de propiedad, está en litigio civil. Por lo tanto la recuperación del campo por parte de los propietarios del ganado para evitar que se murieran de hambre los animales, no significaría violación de un derecho, y la solidaridad de los vecinos que ayudaron a cortar los alambres, nunca podría calificarse como “asociación ilícita” El papel de los jueces en una sociedad se justifica porque su interpretación de las leyes tiene que inclinarse a la defensa de los pobres y los menos favorecidos. Y cuando realmente se ejerce con esa perspectiva resulta dignificante de las personas y el oficio. Es de desear que así sea para bien de todos, y de modo especial para que no cunda la opinión de que con los pobres se puede hacer lo que se quiera ya que nunca tendrán acceso a quien los pueda defender eficazmente contra la voracidad de los ricos pícaros. Quito Mariani |
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