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Expoliación
Ya se está haciendo muy frecuente en Argentina. Es como si los pícaros le hubieran tomado la mano a las tácticas expoliatorias de tierras y a las explotaciones a cielo abierto de nuestras riquezas minerales. Lo hacen con celeridad, juntando unos cuantos papeles y obteniendo dinero suficiente para alambrar el terreno. ¡Miren que hay que tener plata para alambrar en una semana un campo de muchas hectáreas! Pero lo hacen. Saben que lo que van a robar los va a compensar ampliamente. Y después… de los hechos consumados muy raramente se vuelve atrás. De manera especial cuando los beneficiados disponen de influencias políticas y dinero. El norte cordobés es terreno propicio. Pero también está sucediendo en el norte argentino en que la declaración de la ONU como patrimonio de la humanidad para toda la Quebrada de Humahuaca, ha sido un cebo atrayente en un anzuelo sin punta, para investigar sobre los dueños de los terrenos que, poseedores por herencia de sus antecesores, nunca se preocuparon de cercar ni mantener los viejos papeles de los títulos, ya que pensaban que en los lugares correspondientes figurarían esas escrituras con sus nombres. Pero basta un poquito de dinero para que los Archivos se abran, para consultar los documentos más antiguos o para hacerlos desaparecer y constatar que no existen. Alambrar los campos no es accesible para los recursos económicos de quienes los trabajan con la precariedad de los medios que están a su alcance. Así sucedió en La Rioja, en tiempos del obispo Angelelli que se obstinó en denunciar la caradurez de los “dueños del agua” que midiendo el suministro a su antojo, desvalorizaban los campos para comprarlos por precios ínfimos, a los pequeños productores desanimados por la escasez de la producción y agobiados por los impuestos. Así está sucediendo entre Cruz del Eje y Capilla del Monte, los legítimos y centenarios habitantes y dueños de la tierra intimados a abandonar su morada y accediendo a la orden judicial, se encontraron en pocos días con que los supuestos nuevos dueños habían cercado el terreno y clausurado las tranqueras. ¿Qué hacer? Lo dice el sentido común. “Esto es mío, si me lo robaron tengo derecho a recuperarlo”. Y los campesinos de la vecindad sabiendo que la cosa no iba a parar allí, se unieron animados por la Radio parroquial de San Cayetano y sus periodistas comprometidos realmente con la verdad y la justicia. Ahora el párroco Carlos Sánchez, los periodistas y once campesinos son juzgados en Cruz del Eje por daño calificado junto con integrantes del Movimiento campesino cordobés que hace tiempo viene trabajando para defender a los pacíficos y serenos poseedores de tierras heredadas que nadie les disputó, y han caído ahora, presas de la ambición desmedida e irracional de unos “avivados”. Se ha entrado entonces a juzga a las víctimas. Y lo peor del caso es que muy probablemente se sentenciará también a las víctimas. La familia Loyola no puede entender que, con unos papeles conseguidos en un Banco de Buenos Aires, haya venido un individuo a apoderarse de sus tierras y al intentar recuperarlas, ellos hayan cometido delito. La función de los jueces es, primordial y originariamente, “defender los derechos de los pobres”. De los que no cuentan con medios económicos ni de conocimientos para hacerlo. Ellos son mediadores entre las leyes y el pueblo. Para que esa función se cumpla no basta un “defensor de oficio”. El criterio de los Jueces no puede fijarse sólo en la letra de la ley. Porque la ley puede resultar violatoria o al margen de derechos humanos fundamentales en determinados casos. Deben tener sensibilidad para proteger a los desprotegidos. Y esto parece nada más que un anhelo volando entre las nubes, cuando casos como el de Cañada Larga llegan a los estrados judiciales. José Guillermo Mariani (pbro) |
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