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"Donde la Iglesia no engendre una fe liberadora, sino que difunda opresión, sea esta moral, política o religiosa, habrá que oponerle resistencia por amor a Cristo".
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Iglesia Católica y Estado Laico. Por Juan José Tamayo

Nota: Si bien el texto que ponemos a continuación tiene como contexto el interesante debate que vive España por estos tiempos. Lo incluimos en nuestra página porque creemos que puede ser muy útil e iluminador para el mismo debate que nos debemos los argentinos para liberarnos de la tutela de la Iglesia e iniciar nuestro camino como adultos.
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Ponencia pronunciada dentro del Simposio del Parlamento Europeo sobre Laicidad y religiones en la Unión Europea. Las urgencias Francia, Italia, España. Diciembre del 2007

Sr. Presidente, amigas, amigos

Deseo expresar mi agradecimiento a la señora Emma Bonino, al señor Marco Panella y a la señora Malena por invitarme a participar en este Foro de debate sobre el laicismo en Europa. Les pido disculpas a todas y todos Ustedes por no poder acompañarles físicamente. Mi participación en el Encuentro de cuentistas Sociales y Teólogas/Teólogos sobre "Sujeto, Estado de derecho y culturas políticas", celebrado en Costa Rica del 7 al 12 de diciembre. Al que me había comprometido desde hace varios meses me lo impide. Pero la técnica hace verdaderos milagros y me concede un privilegio hasta ahora reservado sólo a los dioses: el don de la ubicuidad, que me permite dirigirme a Ustedes al mismo tiempo que participo en el Encuentro de Costa Rica.

Esta exposición quiere ser una reflexión crítica sobre la actitud de la Jerarquía Católica Española, en el actual momento político. Mi objetivo no es otro que colaborar modestamente en la construcción del Estado laico, que tantas dificultades está encontrando por el camino.

La acusación de "fundamentalismo laicista"

Tenemos que remontarnos a la década de los ochenta del siglo pasado, con motivo de la aprobación de las leyes de divorcio y de despenalización de la interrupción del embarazo y de la "guerra de los catecismos", para encontrar un lenguaje tan "de trinchera" y unas actitudes tan agresivas contra un gobierno nacido de las urnas como las adoptadas o alentadas por la cúpula de la  jerarquía católica española contra el actual Ejecutivo durante los últimos meses, y muy especialmente tras la vuelta de vacaciones, ante el anuncio de determinadas leyes relacionadas con la religión en la escuela y los modelos de pareja. Los obispos o algunos de sus portavoces comienzan utilizando un lenguaje apocalíptico, de cruzada, y terminan llamando a la movilización de los católicos. Cuanto más elevado es el rango de los eclesiásticos en el escalafón jerárquico, más gruesas son las descalificaciones contra el gobierno. El cardenal Julián Herranz, presidente del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos y miembro del Opus Dei, aprovechó la misa-funeral por el cardenal Marcelo González Martín, arzobispo emérito de Toledo, recientemente fallecido, para acusar al PSOE de "laicismo agresivo" y de "fundamentalismo laicista". El arzobispo de Sevilla cardenal Carlos Amigo, rompiendo con su habitual mesura en no pocos de estos temas, ha sumado su voz a la del cardenal Herranz, alertando contra el "fundamentalismo laicista" e indicando que "el Estado laico no debe ser perseguidor de la religión".

Más lejos han ido el arzobispo de Pamplona y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española Fernando Sebastián, para quien la futura legislación sobre el divorcio resulta más permisiva que "un contrato de alquiler", y el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española Juan Antonio Martínez Camino, quien ha definido la legalización de los matrimonios homosexuales como "virus" y "falsa moneda". El obispo de Jerez Juan del Río ha denunciado "la política laicista del partido en el poder" y ha hablado de "fobia religiosa" del gobierno de la Nación; actitud, dice, que le sirve de excusa "para tratar de desterrar los valores de la cultura católica de los corazones y de las mentes de las nuevas generaciones". Y sigue afirmando: "estamos al inicio de una suplantación cultural del humanismo cristiano, que ha vertebrado Europa, por un humanismo cívico y materialista que, bajo un ropaje democrático, oculta su totalitarismo de origen" (subrayado mío).

Del lenguaje a los hechos hay un paso y ése ya lo ha dado la jerarquía católica por boca del citado portavoz Martínez Camino, que ha llamado a la movilización de los católicos contra unas leyes que ni siquiera han sido debatidas en el Parlamento. Un obispo, el de Mondoñedo, ya ha anunciado que se colocará tras la pancarta en las movilizaciones contra el aborto, las parejas de hecho y a favor de la religión en la escuela.

Y todo por el "delito" del Gobierno de ejercer su derecho constitucional de presentar leyes sobre las materias indicadas para su debate en sede parlamentaria, lugar donde reside la soberanía popular. Tras ocho años de gobierno del PP que consultaba e incluso consensuaba previamente con la jerarquía católica muchas de las leyes aprobadas en el Parlamento, a los obispos parece habérseles olvidado los más elementales principios de la democracia: que el poder no viene de Dios, sino que reside en el pueblo; que el poder ejecutivo gobierna legitimado por la voluntad popular; que los diputados discuten y hacen las leyes respondiendo al mandato recibido de la ciudadanía que los ha apoyado con su voto en las urnas, y no a credos religiosos.

Una vez más la jerarquía católica ha bajado a la arena política y ha tomado partido, e incluso está ejerciendo la labor de oposición con más radicalidad que el PP. Ya lo hizo en la campaña de las elecciones del 14 de marzo, en la que su programa en cuestiones como células madre, parejas homosexuales, interrupción voluntaria del embarazo, enseñanza evaluable de la religión en la escuela, dotación económica, profesores de religión, etc., coincidía sustancialmente con el del PP. Por eso el fracaso electoral de los populares fue vivido como derrota propia por la jerarquía católica, que enseguida puso en marcha su maquinaria de oposición al gobierno socialista.  

Actitudes como las expuestas demuestran que la jerarquía católica y organizaciones católicas afines viven cultural y políticamente desubicadas y ofrecen respuestas del pasado a preguntas del presente. A su vez recelan de la democracia, tienen todavía una concepción confesional de la política y no admiten fácilmente la laicidad del Estado, la no confesionalidad de las instituciones del Estado y la secularización de la sociedad.

Pero quizás lo más llamativo es que la alarma ha sonado también en algunos sectores del PSOE. Es el caso de algunos socialistas cristianos o cristianos socialistas que forman la corriente interna del PSOE Cristianos en el Socialismo –no confundir con Cristianos por el Socialismo- que, refiriéndose a algunas medidas a adoptar por el Gobierno socialista las califican de “laicismos intolerantes”. Uno no se explica que militantes y dirigentes de izquierda puedan oponerse a leyes que están en plena sintonía con el espíritu y la letra de la Constitución Española de 1978 y que respetan escrupulosamente los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede y los Acuerdos de 1992 con las religiones musulmana, judía y protestante.

Serenar el debate

Creo que es momento de serenar el debate y de desarmar el lenguaje. Es necesario entrar por la vía de la racionalidad ética y política, y no de los intereses religiosos. Esto es válido para los dirigentes políticos, pero también para las propias religiones, que en el terreno político deben facilitar la elaboración de leyes que favorezcan al conjunto de la ciudadanía, aunque tengan que renunciar a sus privilegios históricos que carecen de toda legitimidad, al menos de la legitimidad democrática.

Una institución como la Iglesia católica, que jugó un papel tan importante en la transición de la dictadura a la democracia, no puede malversar su capital político y religioso de concordia como lo está haciendo ahora. Para ello tiene que moderar sus declaraciones y actuaciones públicas. De lo contrario puede ahondar todavía más la distancia que la separa de la sociedad e incluso de los propios católicos -que en su mayoría se posicionan del lado del juego democrático- y corre el peligro de caer en comportamientos más propios de las sectas que de las grandes religiones.   

La jerarquía católica está en su derecho a entrar en el debate público sobre estos temas. Nadie se lo niega. Pero ha de hacerlo como un interlocutor más, sin recurrir a los argumentos de la revelación cristiana, que sólo tienen valor para los creyentes de esa religión, y sin apelar a la historia, a la tradición o a la mayoría sociológica, como argumentos decisivos. La historia y la tradición no pueden desconocerse, es verdad, pero en el caso de la Iglesia católica no son precisamente muy ejemplares en lo que a libertades, derechos humanos, democracia y respeto al pluralismo se refiere.

Instalados en el mito de la mayoría católica y en el poder político de los obispos

Todavía instalados en dos mitos, que es necesario superar: la mayoría católica de la sociedad española y el poder político de los obispos, considerados ambos inherentes a la organización social y a la convivencia cívica. La sombra de la jerarquía eclesiástica sobre la sociedad española  es muy alargada, y los políticos están demasiado pendientes de los obispos, a quienes miran con el rabillo del ojo en espera de que aprueben sus conductas o al menos no las desaprueben explícitamente. Y cuando se sienten reprobados, tienden a hacer concesiones que pueden limitar la autonomía del Estado y ampliar los espacios de influencia del poder religioso, no legitimado en las urnas. Y eso no me parece conforme con el Estado laico.

Oferta episcopal de diálogo, con un presupuesto falaz y una exigencia confesional

Tras varias semanas de agrias reacciones de la jerarquía católica vaticana y española contra el Gobierno por el anuncio de unas leyes supuestamente lesivas de las creencias religiosas en general y del catolicismo en particular, el cardenal Rouco Varela ha ofrecido diálogo y colaboración al Gobierno, en la mejor tradición del concilio Vaticano II. La oferta no puede menos que alegrar a todos los demócratas, y muy especialmente a los cristianos que trabajan por el establecimiento de un Estado laico, defensor de la libertad religiosa.

Hay, empero, en esa oferta un presupuesto que puede convertirla en falaz al poner entre paréntesis buena parte de la historia de la filosofía moderna: es cuando el cardenal afirma que el diálogo verdadero es posible porque existe una Verdad accesible a todos, la verdad sobre Dios y sobre el hombre. ¿Cabe deducir de aquí que quienes no creen en la Verdad con mayúscula no pueden ser interlocutores en el “diálogo verdadero”? Si así fuera volveríamos a la época en la que la filosofía estaba sometida a la teología, la razón a la fe, y la ciencia a la revelación.

Rouco Varela pone, a su vez, una condición para que el diálogo sea auténtico: "el legislador ha de atenerse al orden moral, tan inviolable como la misma dignidad humana, a la que sirven las leyes". ¿Qué entiende por orden moral? Por el contexto que rodea el discurso y por el tono del mismo, no parece que se refiera a una ética laica, sino al orden moral cristiano, o mejor católico, conforme a la interpretación del magisterio eclesiástico. Una interpretación que califica a la eutanasia de delito, que define la legalización del aborto como privación del derecho fundamental a la vida de los hijos por parte de los padres, que acusa al divorcio de minar el bien y el futuro de la familia, que califica de cobayas a las células madre embrionarias utilizadas con fines terapéuticos y que ve en el matrimonio entre homosexuales la imposición de una visión irracional de las cosas a la sociedad.

Ética laica, ética universal

El cardenal Rouco sabe que el orden moral en un Estado no confesional y en una sociedad secularizada no viene dictado por una moral religiosa, sino por una ética laica fundada en el ser humano, fuente de la moralidad. En la filosofía moral de Kant, que no era precisamente un ateo, encontramos uno de los intentos más sólidos de fundamentación autónoma de la ética como condición para su universalidad y de la mayoría de edad moral del ser humano. La Ilustración es para Kant "la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad". Minoría que "significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro". La permanencia en ese estado se torna culpable cuando su causa "no reside en la carencia de entendimiento, sino en la falta de decisión y de valor para servirse por sí mismo de él". El lema de la Ilustración para Kant es "Sapere aude! Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento!", sin recurrir a tutores que generalmente ejercen la función de censores. La razón logra su objetivo cuando se hace uso público de ella, venciendo la resistencia de quienes, desde la política o la religión, disuaden a sus seguidores de pensar.

La religión ya no es necesaria para fundar la moral. La motivación última de la acción moral es el deber por el deber, no el deber basado en una ley o en un mandamiento divino. "Fundándose la moral en el concepto de hombre como ser libre y que por su razón se halla ligado a las leyes incondicionales, no precisa dicha moral ni de la idea de un Ser superior al ser humano para que éste conozca su deber ni, para que lo cumpla, de otro móvil que la ley misma", afirma Kant en La religión dentro de los límites de la sola razón. La religión no resulta necesaria para fundamentar las buenas costumbres. Además, no se ha caracterizado precisamente por esa tarea, sino por todo lo contrario: banderías, guerras civiles, opresión, esclavitud, dirá Hume.

El desafío al que se enfrenta la Ilustración es el desarrollo de una ética que sea a la vez flexible y exigente, autónoma e inmanente, superadora de la metafísica tradicional y de la rígida moral católica. En otras palabras, se trata de hacer compatible la subjetividad y la universalidad de la razón, la autonomía personal y la universalidad moral. 

Junto con la emancipación de la razón y de la moral tienen lugar la emancipación del derecho y su refundación laica, que, por paradójico que parezca, no provienen de pensadores ajenos u hostiles, a la religión, sino de juristas vinculados al cristianismo como Grotius. Puede existir un derecho sin necesidad de admitir, en su origen, la existencia de Dios. La secularización del derecho no exige ni el deísmo legal, ni el ateísmo oficial.

Preguntas a la jerarquía católica

Pues bien, la concepción autónoma y laica de la ética cuestiona algunas de las prácticas actuales de la Iglesia católica que pueden transgredir el orden moral al que dice apelar. He aquí algunas preguntas al respecto:

¿Es conforme al orden moral democrático la actual Ley Fundamental del Estado del Vaticano, cuyo artículo primero afirma que el Romano Pontífice concentra en su persona los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial? ¿Es acorde con el orden moral la exclusión de las mujeres de las funciones directivas en la Iglesia católica y del acceso al ministerio sacerdotal, episcopal y papal? ¿Puede considerarse conforme al orden moral la negación de los derechos reproductivos de las mujeres por parte de la Iglesia católica? ¿Es  acorde con el orden moral que se prohiba la utilización del condón en las relaciones sexuales cuando son millones las personas que contraen el SIDA cada año por no hacer uso de él? ¿Resulta conforme al orden moral la ausencia de democracia y de derechos humanos en el seno de la Iglesia, alegando que es de origen divino? ¿Puede Dios ser partidario de la democracia en la sociedad y, al mismo tiempo, contrario a ella en la comunidad cristiana? ¿Es conforme al orden moral negar a los teólogos y a las teólogas la libertad de pensamiento, de expresión, de cátedra y de investigación? ¿Puede apelar al orden moral la Congregación romana para la Doctrina de la Fe para justificar la condena de más 500 teólogos y teólogas?

El problema de fondo radica, a mi juicio, en que algunos jerarcas católicos pretenden fundar el orden moral en una ley natural de la que ellos se consideran únicos depositarios e intérpretes autorizados, o en unos textos sagrados leídos al modo fundamentalista, es decir, sin atender el contexto en que fueron escritos y sin la oportuna hermenéutica. Un ejemplo, nada más, y con él termino. Para condenar la homosexualidad se apela a textos de la Biblia. Éste es el caso del libro del Levítico 18,22, donde podemos leer: "No te acostarás con varón como con mujer: es una abominación". Pero el mismo libro dice que se puede comprar esclavos, varones y mujeres, siempre que la compra se haga en naciones vecinas, y dejarlos en herencia a los hijos como propiedad perpetua (Lv 25,44-46); dice también que una persona no puede acercarse al altar de Dios si tiene un defecto en la vista (Lv 21,10). El libro del Éxodo establece que uno puede vender a su hermana como esclava (Ex 21,7); que quien trabaja el sábado, será condenado a muerte (Ex 35,2), ¿Estas prácticas deben entenderse al pie de la letra como la condena de la homosexualidad y tienen vigencia hoy?

Mejor sería, a mi juicio, colaborar en la construcción de un orden moral laico, de una ética autónoma fundada antropológicamente, válida para todos. Ésa es quizás la asignatura pendiente de la sociedad española que habría que aprobar cuanto antes.

Valoración teológico-religiosa

Creo que con los actuales pronunciamientos la jerarquía católica retrocede a etapas anteriores al concilio Vaticano II, que hace cuarenta años defendió la autonomía de las realidades temporales, la separación entre la Iglesia y el Estado, la libertad religiosa y la no discriminación de los ciudadanos por razones de creencias. Además, parece tener poca confianza en su capacidad de convicción y en la eficacia de sus medios para anunciar su mensaje. Por eso reclama espacios y medios estatales y condiciones políticas de plausibilidad para la difusión de su doctrina.

La jerarquía parece desconocer los orígenes del cristianismo, religión que nació, por voluntad del fundador, como movimiento marginal, sin el apoyo del Imperio, más aún, enfrentada con el Imperio, y continuó actuando como movimiento religioso a favor de los excluidos del sistema, hasta su reconocimiento como religión oficial.

Es necesario actuar desde la racionalidad política, no desde intereses religiosos. Y esto es válido para los dirigentes políticos, para el gobierno, para los diputados, pero también para las propias religiones, que en el terreno político deben apoyar leyes y actuaciones que favorezcan al conjunto de la ciudadanía, aunque para ello deban renunciar a sus privilegios históricos que carecen de toda legitimidad, al menos de la legitimidad democrática.

Propuestas coherentes con un estado no confesional

Es necesario revisar los Acuerdos de 1979 del Gobierno Español con la Santa Sede, que son pre-constitucionales y, en varios temas, pudieran ser incluso inconstitucionales, al no respetar principios constitucionales como el de la igualdad, no discriminación, etc.

Debe revisarse la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, de 1980, que responde a una situación que ha sufrido importantes cambios, sobre todo por la presencia de nuevas religiones y movimientos espirituales, y por el carácter privilegiado de las religiones consideradas "de notorio arraigo", que viene a discriminar al resto.

Hay que suprimir la enseñanza de la religión confesional de las escuelas, ya que el lugar de la enseñanza confesional de la religión son las instituciones con que cuenta cada religión para transmitir sus enseñanzas. Mientras tanto, y en respeto a los acuerdos de 1979 y de 1992, el modelo de religión no evaluable resulta escrupulosamente constitucional.

Debe procederse a eliminar toda subvención del Estado a las religiones para fines y tareas específicamente religiosas. El objetivo a corto plazo es la autofinanciación de las religiones como muestra de autonomía y de madurez institucional.

En materia de impuestos, las exenciones deben ser las mismas que las que afectan a otras organizaciones similares, como ONG's.

El Estado debe mantener una neutralidad escrupulosa en relación con las religiones, respetando la libertad religiosa, sin discriminación o trato privilegiado hacia ninguna religión, y facilitando el desarrollo de dicha libertad, sin otro límite que el respeto al Estado democrático.

Es necesario educar a la ciudadanía en una ética cívica.  A esa ética es a la que hemos de atenernos en el plano social, político, económico todos los ciudadanos y por ella ha de regirse los distintos poderes del Estado a la hora de ejercer sin funciones: el legislativo, en la elaboración de las leyes; el ejecutivo, en la gobernación; el judicial en la práctica de la justicia. Ella es la única válida. Las éticas religiosas no pueden imponerse a toda la ciudadanía. Su validez y práctica se sitúan dentro de cada religión. Su práctica es cuestión de los miembros de cada religión. En el conflicto entre la ética laica y las éticas religiosas, ha de predominar la primera, que es la universal.

Mientras no se adopten estas medidas, seguiremos en un Estado de confesionalidad indirecta, de religión tutelada o protegida, pero no laico. Creo que nos encontramos en un momento privilegiado para construir entre todos un Estado laico. A esa tarea están llamadas también las religiones, y muy especialmente la Iglesia católica.

Muchas gracias.
Juan José Tamayo Acosta, teólogo

Fuente: LupaProtestante


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Última modificación: 30 de July de 2010