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Un proyecto sencillo, agresivo y salvador¿Se trata de un proyecto oficial? NO! ¿Se trata de un proyecto legislativo de algún oficialista u opositor? NO! ¿Se trata de algo que se vaya a tratar próximamente o que realmente preocupe a los “constructores de leyes? NO! Se trata de una interesantísima propuesta de un escritor y periodista serio y prestigiado, Martín Caparroz. Todos los problemas que vivimos, desde la pobreza que aumenta y los pobres que se resignan con los ricos que tranquilizan su conciencia social concediendo algunas limosnas, hasta al clientelismo político y la ingenuidad con que tanta gente cae en las redes de la publicidad de los medios de prensa monopolizados, pasando por supuesto por la tan cacareada “seguridad”, desembocan en una sola y gran solución: la educación. Y si esto constituye una preocupación real del Estado y de los educadores de todos los niveles, la educación tiene que ser brindada en la mayor proporción por el estado de manera que todos tengan acceso a ella como la superior a todos los sistemas e intereses que animan la educación privada. Se trata entonces de devolver su jerarquía a la educación pública. ¿Devolver su jerarquía? preguntará alguno con escepticismo u ofendido. No es posible salir del estancamiento con un presupuesto estatal que no da predominio a los aspectos educacionales y sanitarios dicen los escépticos. Y los que idolatran ideológica o comercialmente la educación privada sostienen que el estado no es capaz de brindar ni instrucción ni educación suficiente para adaptarse a las necesidades del mundo moderno. Un examen imparcial de nuestra realidad actual nos acerca a la tentación de unirnos a esos juicios de escepticismo o intereses y, por tanto a mantenernos paralizados en situación de impotencia resignada. Martín Caparroz ingeniosa y valientemente propone una solución de raíz que incidirá en la corrección de todas las deficiencias de que adolece ahora la escuela pública. Una ley que obligue a todos los funcionarios del estado desde un cierto nivel para arriba, a que sus hijos y nietos concurran a la escuela pública. Sería un mecanismo seguro para que el presupuesto en educación aumentara lo indispensable. Provocaría un mayor nivel de responsabilidad y aplicación en la reforma actualizada del sistema educacional y su contenido. Produciría lo que fue en otros tiempos un resultado de la vigencia y eficacia de la escuela pública, la integración natural de las clases sociales en los mismos principios de educación y conducta, y un aprecio generalizado de los valores de la convivencia y la nacionalidad. Cualquier discusión en vías a preparar una ley de educación reformando el sistema actual tropieza con una cantidad de obstáculos procedentes de diversos intereses locales y advenedizos de orden ideológico o económico y frenan un verdadero progreso en este sentido. Una forma adecuada de comenzar, porque una experiencia concreta precedería a las discusiones aportando logros reales, frente a las promesas o argumentos desacreditantes de los defensores de la educación privada. Una discusión seria de esta propuesta podría llevar a las mentes de nuestros legisladores que ya ha hecho un cierto ejercicio de profundización afrontando las particulares situaciones de conflictos sociales y debiendo pronunciarse y fundamentar sus posiciones ante la ciudadanía en general, medir las ventajas de esto que puede parecer ingenuo y simple pero en realidad constituiría un comienzo genial. |
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