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VETOS E INTERESESEl poder de veto que tiene el poder ejecutivo para con las leyes elaboradas por la legislatura, pudo tener muchos fundamentos argumentales para preservar el régimen presidencialista en sociedades democráticas. En realidad aparece como algo contradictorio con la conservación y mantenimiento de una democracia institucional. Es correcto y deseable que se exija que las decisiones de asuntos importantes y de interés general no se tomen por decretos de necesidad y urgencia del ejecutivo, sino que pasen por el poder legislativo que ejerce la representación de la sociedad completa. No entra, tampoco, en las reglas del juego democrático que los legisladores sean presionados con visitas insistentes, amenazas o escraches de parte de quienes quieren obtener leyes a su favor. Nos consta que estas presiones se han dado en varias oportunidades oculta o desembozadamente. Y eso sí, quita valor a las decisiones tomadas por cuerpos que debieran ser absolutamente insensibles a las presiones sectoriales. Pero lo contrario, que el ejecutivo tenga el privilegio de vetar una ley aprobada unánimemente por el legislativo (se supone que después de maduro estudio) induce al desconocimiento de las instituciones madres de la democracia, desacredita a todos los representantes del pueblo y sienta precedentes muy peligrosos para el país entero. Además, da pie para suponer que hay fuerzas muy poderosas que se mueven detrás para que el VETO presidencial se produzca sin reflexión compartida con representantes de todos los sectores. Presionar a una persona es más fácil que influenciar a un cuerpo. Parece sin embargo que el ejercicio de ese derecho tiene un sabor especial. El presidente uruguayo acaba de hacer uso de ese privilegio ante una ley elaborada trabajosamente por sus legisladores, con una cantidad de consideraciones muy atendibles y ventajosas con respecto a la despenalización y reglamentación del aborto. Indudable que allí hubo presión de un sector de la población embanderado e impulsado por una postura religiosa rigorista. En nuestro caso, muy distinto, es sin embargo razonable pensar en la presión de un factor de poder, (distinto de la Iglesia que con éxito presiona en muchos otros temas) netamente económico. Una ley que veníamos necesitando hace tiempo a nivel nacional, estableció finalmente la prohibición de toda explotación que afectara la condición natural de los glaciares implicando su destrucción o traslado. Los legisladores sanjuaninos se opusieron fuertemente desde los comienzos, pero luego accedieron a su aprobación. Su argumento fue retomado por la presidencia que argumenta que no corresponde prohibir toda explotación minera cuando puede producirse con todos los recaudos ambientales. Lo cual es denegado por la experiencia. Se trata de una sugerencia proveniente del Secretario de Minería, Jorge Mayoral, denunciado por tener acciones en las empresas del sector que regula. Es explicable. El emprendimiento minero más grande del mundo, a cielo abierto, Pascua Lama, de la multinacional Barrick Gold supone un negocio de tres mil millones de dólares. San Juan tiene unos ciento veinte proyectos mineros ubicados en zonas de glaciares entre Chile y San Juan. Es mucho dinero para la administración “federalista” de una provincia. Pero es al mismo tiempo mucha contaminación para un país, y una injuria imperdonable para un mundo cuyo mayor y más codiciado tesoro son hoy los depósitos acuíferos. Por lo cual el manejo y remoción de glaciares provoca espanto hasta en el mundo científico. No hace mucho tiempo, en septiembre, la legislatura cordobesa aprobó una ley que prohibía la explotación minera metalífera o de minerales nucleares. Y esto salvó a nuestras serranías de la contaminación de ríos y de la invasión voraz de los buscadores de uranio que ya habían comenzado sus excavaciones. Es de esperar que nuestros legisladores nacionales en la revisión el veto pongan todos sus intereses en el bien de la nación y provoquen el rechazo, aunque deban reformarse aspectos secundarios de la norma que fuera aprobada unánimemente. Sería un argumento más para renovar la confianza en el poder legislativo afianzada ya con muchos signos positivos. José Guillermo Mariani (pbro) |
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