En noviembre de 2010 escribí una nota sobre “Los niños y niñas policías”, la cual fue publicada en distintos boletines y páginas digitales del país. En la misma hacía referencia a la irradiación de variadas experiencias de “Policía infantil” y “Gendarmería infantil” en las provincias de Chubut, Salta y Misiones.
Llamaba la atención acerca de la proliferación de estos programas de involucramiento policial de los niños y niñas, existentes en más de una decena de las provincias argentinas, lo cual implicaba una suerte de militarización de nuestra infancia.
Indudablemente, desde estas supuestas cándidas e inofensivas propuestas se tiende a fortalecer y reproducir en la sociedad -desde la propia infancia- un estilo de comportamiento cultural que privilegia una férrea disciplina militarizada, basada en el orden, las órdenes y la rigurosa obediencia.
Para ello se cuenta con la aceptación activa de algunos pocos y también con la aceptación pasiva de la mayoría de la población, que por diversas razones no llega a advertir los riesgos que estas prácticas contienen y dejan de levantar una voz siquiera de alerta y rechazo ante este avance, crecientemente extendido, que pretende imponer una concepción militarista de la vida y la familiarización con las armas, aunque no las porten ellos, desde la más temprana edad.
La excusa para impulsar e irradiar estas experiencias policiales procura centrarse en el eventual servicio que prestarían para la “contención de los niños marginalizados”. Resulta imperioso enfatizar que el lugar de los niños -pobres o no- está en la casa y en la escuela (que en virtud de la Ley 1420 del siglo XIX establece la educación obligatoria, laica y gratuita), y no en las brigadas, escuadras o cuerpos policiales, bajo la estricta lógica de los entrenamientos y adoctrinamientos militares.
Como en tantas otras ocasiones, surge, con nitidez, la clásica y perversa asociación de pobreza con delincuencia. El estigma, la duda, el miedo, siempre recaen sobre los pobres y los humildes. Y, entonces, a los niños pobres habrá que encauzarlos, reeducarlos, readaptarlos, disciplinarlos, inculcarles “valores netamente argentinos”, porque sino serán el peligro del mañana.
El reconocido especialista brasileño Edson Seda me comentaba, en correspondencia personal del 24 de noviembre de 2010, que “en Brasil hemos tenido cosas parecidas, como niños ‘patrulheiros’ o ‘guardinhas’ y otras denominaciones, organizadas por jueces y ciertas ONGs del pasado. No lo tenemos más, porque todos los programas de protección de la infancia tienen que ser aprobados por un Consejo paritario (entre el mundo gubernamental y el no gubernamental) en cada municipio. Este tipo de programas, en Brasil, son considerados hoy discriminatorios, y los Consejos no los aprueban”.
Es evidente que se torna necesario introducir cambios progresivos en la línea de la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia y, al día de hoy, reparamos en una muy buena y significativa noticia:siguiendo instrucciones del Ministerio de Seguridad de la Nación la policía de Misiones desarticulará 32 entidades de policía infantil que funcionan en esa provincia. La decisión ministerial se fundamentó en requerimientos de organismos de derechos humanos que señalaron que “los niños y los menores de edad no deben educarse dentro de ambientes de las instituciones de seguridad, nacionales o provinciales”.
Es de desear que este impulso de recuperación de la sensatez, en favor de la infancia y, a la vez, de la sociedad en su conjunto, se extienda también a otras provincias como Catamarca, La Rioja, Jujuy, Mendoza, San Juan, Neuquén, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, donde persisten -lamentablemente desde hace muchos años- experiencias de militarización de niños, niñas y adolescentes.
Buenos Aires, 7 de abril de 2011
Norberto Alayón es Trabajador Social. Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Sociales-UBA