Propuestas políticas católicas: su ideología y sus riesgos. Carlos Lombardi

La lectura general del documento denominado “Reflexiones y propuestas sobre las próximas elecciones”, no ofrece nada nuevo en cuanto al contenido ya que el mismo responde al pensamiento de los obispos católicos comprendido en la Doctrina Social de la Iglesia (DSI). El instrumento no es producto de un pensamiento autónomo del laicado católico, no hay aportes laicos propiamente dichos sino un refrito del pensamiento episcopal del cual no pueden ni quieren apartarse. Se advierte, también, en el lenguaje típicamente clerical que utilizan, idéntico al modo de expresarse de los obispos.

A priori, el documento contiene una serie de principios, valores y algunas propuestas que son positivas pero que carecen de originalidad y son similares a las que existen en las plataformas de los partidos políticos o en sus futuros programas de gobierno. Aparentan ser un conjunto de buenas intenciones de un pequeño grupo de ciudadanos y creyentes honestos con ganas de mejorar los graves problemas que aquejan a la sociedad. El problema no es ese.

El problema es que detrás de sus propuestas, valores y principios se encuentra el modelo social que pretenden imponer los obispos católicos a la ciudadanía con el apoyo de los sectores neoconservadores e integristas que participan en la vida de la institución. Ese es el punto. Y el peligro para el pluralismo ético de la sociedad, para la laicidad y la vigencia de derechos humanos que, puertas adentro de la iglesia católica, no se viven ni se cumplen.

1. La cuestión grupal

Un dato importante es precisar qué sector del laicado católico es el que elaboró el documento y si representa a todos los sectores seglares de esa institución.

Según el teólogo español Juan José Tamayo, perseguido por la inquisición vaticana, el pluralismo eclesial católico lo conforman cuatro modelos: el catolicismo cultural, el integrista, el institucional y el crítico. Esos modelos actualmente “están en conflicto con peligro real de ruptura, sin apenas diálogo… Es un conflicto no disimulado, sino abierto y público” (1).

Dicho conflicto se hace visible en mayor medida en países como España, Austria, Alemania, Estados Unidos, y cada vez con más frecuencia en el nuestro donde teólogos y sectores de laicos como los cordobeses de “La Cripta” hacen público su disenso y sufren el autoritarismo de la oligarquía episcopal. En el caso de Mendoza, dicho conflicto no es visible.

Con todo, el modelo que impera en la actualidad católica es el institucional que – según el autor – se caracteriza por:

Una estructura jerárquico-patriarcal-vertical; falta de democracia; seglares colaboradores en el apostolado jerárquico, sin autonomía; importancia del buen funcionamiento de la institución a través de la cadena de mando vertical; sacramentalismo; tendencia a los actos rituales masivos con más componente social que religioso, entre otros.

Ese modelo se complementa con el surgimiento del integrismo, fenómeno que no es privativo del catolicismo romano sino que se observa en otras religiones. Umberto Eco lo definió como la pretensión de que los principios religiosos deben ser los modelos de la vida política y fuente de las leyes del Estado. Nosotros lo hacemos extensivo a la vida social, económica y cultural de la sociedad.

En el caso del catolicismo, las pretensiones de los grupos integristas pasan por exigir a gobernantes y legisladores que gestionen y legislen bajo los principios contenidos en el catecismo católico y el pensamiento de la oligarquía episcopal. No importa que el Congreso deba legislar para todos, creyentes de diversos credos y no creyentes. Debe hacerlo conforme lo que dice el Papa católico. He ahí el peligro para la democracia y el sistema republicano.
No fue otra cosa la que se observó el año pasado al tratarse el matrimonio igualitario, sumada a la carga de violencia verbal y amenazas de fuegos apocalípticos y “guerras santas”. Se repitió días pasados en el Congreso de la Nación al llevarse a cabo conferencias sobre el aborto.
De modo que el documento en cuestión es producto de los sectores representativos del modelo eclesial que impera actualmente, afín y obediente a la oligarquía que dirige la institución, no viéndose reflejados en él los otros modelos ni grupos laicos que conforman el mundo católico.

2. Planteo del problema

Teniendo presente aquellos datos y aprovechando que el documento se pone a consideración de la ciudadanía, resulta interesante analizar sus principios, valores y propuestas con la finalidad de: a) demostrar que el documento no es un conjunto aséptico de buenas intenciones sino que es producto de una ideología más, cual es, el pensamiento de los obispos plasmados en la DSI; b) recordar que la Doctrina Social de la Iglesia fue utilizada por las dictaduras militares de Argentina y Chile y por gobiernos antidemocráticos actuales y, c) destacar que el modelo de sociedad que se esconde detrás de las buenas intenciones del documento reviste numerosos riesgos para el pluralismo ético, la laicidad de la sociedad y la plena vigencia de los derechos humanos.

3. El carácter ideológico de la DSI

El documento echa raíces en “las enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia, en particular las emanadas del Episcopado Argentino en los últimos tiempos”.

Pretender que la DSI funcione como una herramienta aséptica para combatir los problemas que plantea la construcción de un sistema republicano y democrático implica una posición ingenua, que se queda a mitad de camino entre el sentirse bien y los buenos sentimientos.
La DSI es una ideología más con intereses bien delimitados que no son otros que los de la oligarquía clerical católica. No es nuevo el debate respecto a si la DSI es una ideología. La cuestión fue abordada oportunamente por teólogos de la talla de M. D. Chenu en su obra “La doctrine sociale de l’ Église comme idéologie”. En ella criticaba no sólo el método deductivo que utiliza dicha Doctrina, para nosotros, principal causa de su fracaso e inaplicabilidad. Sostuvo que “a menudo sirvió, y sirve todavía, de respaldo ideológico a quienes, detentando el poder económico y político, procuran mantener el statu quo”. Es lo que ocurrió recientemente con el golpe de Estado en Honduras al que más adelante se hará referencia.

El catolicismo está fragmentado no sólo colectivamente. También se refleja en las opiniones relativas a este punto. Están aquellas que consideran que la DSI no es una ideología, como la de los obispos latinoamericanos en el Documento de Puebla, donde manifestaron: “Ni el Evangelio ni la Doctrina o Enseñanza Social que de él proviene son ideologías. Por el contrario, representan para éstas una poderosa fuente de cuestionamientos de sus límites y ambigüedades. La originalidad siempre nueva del mensaje evangélico debe ser permanentemente clarificada y defendida frente a los intentos de ideologización” (Nº 540).
También los papas se expresaron en ese sentido: “La fe cristiana se sitúa por encima y a veces en oposición a las ideologías en la medida en que reconoce a Dios, trascendente y creador, que interpela a través de todos los niveles de lo creado el hombre como libertad responsable” (2). Juan Pablo II siguió el mismo criterio en la encíclica “Sollicitudo rei socialis” (Nº 41).
Aquellas posiciones contienen dos errores: 1) el evangelio (como lo presenta la iglesia católica romana), no viene en estado puro, aséptico, sino con un contenido político, social y cultural muy marcado ya que relata características de las sociedades antiguas: organización de los gobiernos, autoridad política, rol de la mujer, trabajo; 2) un intento autoritario y soberbio de situarse por encima y a veces en oposición a las ideologías, como advirtiendo que el pensamiento católico contiene elementos que lo harían “superior” a los demás.

Sin embargo, que papas y obispos afirmen que la DSI no es una ideología no significa garantía alguna de certeza.

Existen otras opiniones dentro del colectivo católico que sí consideran a la DSI como una ideología. Destacan el “sistema de ideas”: “Cuando se despoja al concepto de “ideología” de toda connotación peyorativa o ligada a intereses, el vocablo ideología toma el sentido de conjunto o sistema de ideas acerca de una o más cuestiones. Por ende, con esta acepción, no hay por qué negar que la Doctrina Social de la Iglesia contiene y expresa una ideología en lo que viene a ser la sumatoria de ideas en torno de principios y valores que se relacionan con las materias propuestas por el magisterio” (3).

En similar línea Mario P. Seijo. “Hay así una ideología liberal que explicita los principios y la doctrina liberal. Así como hay una ideología marxista que explicita los principios y la doctrina marxista. Como también hay, gracias a Dios, una ideología social cristiana que responde a los principios y a la Doctrina de la Iglesia” (4). Esta última definición distingue la Doctrina Social de la Iglesia, de la Doctrina Social Cristiana.

No obstante aquellas posiciones contrarías fueron – paradójicamente – los propios obispos latinoamericanos quienes, con su definición de ideología plasmada en el mencionado Documento de Puebla, confirmaron el carácter ideológico de la DSI: “Llamamos aquí ideología a toda concepción que ofrezca una visión de los distintos aspectos de la vida, desde el ángulo de un grupo determinado de la sociedad” ((Nº 535).

Conforme esa definición toda ideología contiene: a) una concepción, idea o pensamiento, b) una visión, perspectiva o punto de vista de los diversos aspectos de la vida de los hombres, c) la elaboración por un grupo determinado de la sociedad.

Y los tres aspectos se encuentran en la DSI: a) un corpus doctrinal; b) un punto de vista de los diversos aspectos de la vida de los hombres (persona, matrimonio, familia, trabajo, economía, comunidad política, poder político, comunidad internacional); c) elaboración por un grupo determinado de la sociedad. En el caso que nos ocupa, la DSI es elaborada exclusivamente por los obispos católicos, no hay participación del laicado en su elaboración.

Esos presupuestos pueden ser completados por otros que suministra la ciencia política, también presentes en la DSI, a saber: 1) una interpretación de la historia; 2) un sistema de expectativas o programa de realizaciones futuras, y 3) un método de acción.

Es decir, desde el pensamiento de los obispos y desde la ciencia política se establecen los presupuestos necesarios que permiten identificar a la DSI como una ideología más. Y hay otro factor que es fundamental: la sensibilidad a los cambios sociales.

Las ideologías se encuentran históricamente condicionadas por la estructura social y económica de las sociedades. De manera que cualquier cambio estructural, por minúsculo que sea, influye en la actualidad o vigencia de una posición ideológica, la convierte en actual o en inactual, hace de ella un instrumento reaccionario o revolucionario, la transforma en la imagen de un orden social deseable o aborrecido (Fayt). Eso es precisamente lo que ocurre con la visión que la DSI tiene, por ejemplo, de la familia, el matrimonio, el papel de la mujer en la sociedad. Es una visión inactual, reaccionaria, superada históricamente. Visión que vastos sectores del catolicismo tampoco aceptan, con casi nulos aportes de las ciencias.

Y si desde la perspectiva teórica la Doctrina Social de la Iglesia es una ideología, la experiencia y práctica de los grupos religiosos no deja lugar a dudas. El integrismo, minoría extremista y violenta que hace visible el disenso episcopal en las políticas públicas que van en contra de su pensamiento, ha instrumentalizado la DSI en cuestiones de naturaleza política, social y cultural. Ya se hizo referencia a la ley de matrimonio igualitario, respecto a la cual, grupos extremistas católicos asociados con grupos evangélicos se opusieron con una carga de violencia considerable.

Pretenden imponer su visión a toda la sociedad, creyentes y no creyentes, católicos y no católicos. Es una visión totalitaria con pretensiones de convertir a la iglesia católica en una organización con poder de veto (otro ejemplo lo tuvimos en Mendoza con el bochornoso acto de censura del cura de Malargüe), y a los gobernantes y legisladores elegidos democráticamente en títeres de un monarca absoluto, el Papa, jefe de un Estado extranjero.
Resulta claro entonces que, desde la teoría como la experiencia y la praxis, la Doctrina Social de la Iglesia es una ideología más. De modo que el documento del laicado católico al sostener que “tiene en cuenta las enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia, en particular las emanadas del Episcopado Argentino en los últimos tiempos”, no hace otra cosa que confirmar que dicha ideología es la que nutre el referido instrumento.

4. La Doctrina Social de la Iglesia: aval de gobiernos antidemocráticos y dictaduras militares de América Latina. El peligro de las notas totalitarias

Se adelantó la opinión del teólogo M. D. Chenu quien en su obra no sólo criticó el método deductivo utilizado por la DSI sino que destacó que “a menudo sirvió, y sirve todavía, de respaldo ideológico a quienes, detentando el poder económico y político, procuran mantener el statu quo”.

Un ejemplo cercano lo representó el golpe de Estado en Honduras perpetrado por la derecha política con el respaldo de la Conferencia Episcopal de ese país. Producido el golpe, el presidente Porfirio Lobo manifestó que la Doctrina Social Cristiana sería el “fundamento en la acción del gobierno” (5); mientras el cardenal golpista Rodríguez Madariaga prometía una “regeneración moral” en ese país conforme el orden moral católico (6).

Y es lo que ocurrió, también, en las dictaduras militares de Argentina y Chile cuyos genocidas recurrieron en sus discursos a elementos contendidos en la Doctrina Social de la Iglesia como mitos para legitimar sus discursos y actuación política. Algunos ejemplos son la civilización occidental y cristiana, el iusnaturalismo, el hispanismo, entre otras citadas por Miguel Rojas Mix (7).

El caso del iusnaturalismo, presente en la DSI, es paradigmático. Dice el autor citado: “El iusnaturalismo fue uno de los argumentos de legitimación del aparato represivo dictatorial. De sus postulados teóricos el autoritarismo retenía y manipulaba como fundamentos discursivos los siguientes principios: 1) la noción de persona humana: esencia anterior al Estado; 2) la concepción orgánica y jerárquica de la sociedad: el “orden natural”; 3) la noción de bien común, fin último del Estado; 4) la subordinación del derecho positivo al derecho natural, y finalmente 5) la noción de derecho de resistencia” (8). Son los mismos argumentos utilizados en la actualidad por el integrismo que pueden encontrarse en las actas de las audiencias públicas desarrolladas el año pasado tanto en las provincias como en el Congreso de Nación relativas ejemplo mencionado.

A esos nefastos antecedentes, se suma el peligro de introducir en nuestro joven sistema democrático las notas totalitarias que el actual monarca vaticano propugna para que la sociedad “vuelva a Dios”. Es que el enemigo eterno de la oligarquía religiosa vaticana fue y seguirá siendo “el individuo laico de las libertades sin Dios”, al decir del filósofo italiano Paolo Flores d’Arcais.

Los totalitarismos de cualquier signo – incluido el religioso – detestan la autonomía de los hombres: “El secreto más auténtico del totalitarismo no es el ateísmo, sino la voluntad  de anular al individuo concreto, que es siempre y únicamente fragmento, en favor de la comunión despótica y la negación de las diferencias. El integrismo católico parece enemigo del totalitarismo, pero sólo es su competidor, porque ambos rechazan radicalmente el irreductible ser humano en su singularidad y la autodeterminación de su propia existencia” (9).

5. Los riesgos del modelo social de los obispos católicos

Dado que los fundamentos del documento son “las enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia, en particular las emanadas del Episcopado Argentino en los últimos tiempos”, necesariamente hay que remitirse al pensamiento del llamado magisterio pontificio y episcopal contenidos en diversos documentos para enterarse qué modelo de sociedad proponen. Y este no se caracteriza precisamente por ser inclusivo socialmente, ni democrático, ni por consolidar derechos humanos básicos.

Los principios y valores propuestos son los siguientes:

“a) La dignidad de toda persona humana, origen, centro y fin de la vida social, sujeto de la integridad de los derechos humanos”.

Nada nuevo si se lo compara con lo declarado en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos con jerarquía constitucional.

El primer problema que salta a la vista es el de la coherencia de la institución en lo relativo a la defensa de la dignidad de las personas.

Por un lado, la iglesia católica lleva a cabo actividades de asistencialismo que son positivas e innegables. El Pbro. Guillermo Marcó hizo una enumeración de las tareas que el catolicismo lleva a cabo a favor de la dignidad de las personas, que van desde la existencia de organismos como Caritas con miles de voluntarios que ayudan con alimento y vestimenta a los más necesitados; la ayuda a los discapacitados a través de los cotolengos de Don Orione; “la atención pastoral en las cárceles, en los hospitales; el servicio a los migrantes; la asistencia a las madres solteras; a los menores en riesgo; a los adictos; la pastoral aborigen”, pasando por la presencia de los curas villeros y los centros educativos en todos los niveles. (10)

Pero por otro lado, la institución ha sido pionera en denigrar a las personas, sobre todo a las mujeres, célebre por fomentar la violencia física y verbal mediante la intervención en genocidios, matanzas, dictaduras militares y guerras de religión durante siglos. No se equivocó el teórico del ateísmo Chiristopher Hitchens cuando sostuvo en un capítulo de su obra que la “religión mata”, y relata sus experiencias en ciudades como Belfast, Beirut y Belgrado, entre otras, donde se asesina por convicciones religiosas: “En Belfast he visto calles enteras quemadas por la batalla campal sectaria entre diferentes facciones cristianas…”. En Beirut… “el principal partido cristiano era en realidad una milicia católica denominada Falange…”; la cuestión en Belgrado (hasta la década de 1980, capital de Yugoslavia), se centra “en la creación de un Estado títere de los nazis, centrado en Croacia, que gozaba del amparo del Vaticano y que con toda naturalidad trataba de exterminar a todos los judíos de la región, pero que también desarrolló una campaña de conversión obligatoria dirigida a la otra comunidad cristiana” (se refiere a los cristianos ortodoxos, la mayoría serbios) (11).

Al problema de la coherencia se le suma el de la credibilidad. Es inevitable la sensación de hipocresía que surge al comparar la “preocupación” por la dignidad de toda persona humana con los miles de ultrajes de vidas de niños y niñas que han sufrido abusos sexuales perpetrados por sacerdotes católicos, encubiertos por Juan Pablo II y el actual Papa, y mantenidos en la impunidad durante decenas de años por un sistema jurídico perfectamente diseñado para proteger a los delincuentes. Basta un solo ejemplo de la “preocupación” por la defensa de la dignidad humana: el de un sacerdote llamado Oliver O’Grady, un animal que violó a un bebé de 9 meses con pleno conocimiento de la jerarquía episcopal estadounidense y, obviamente, encubierto hasta que el caso salió a la luz pública. Hágase extensivo ese monstruoso ejemplo a miles de casos por todo el mundo que, de no ser por la valentía de las víctimas y la acción de los medios de comunicación, seguirían siendo encubiertos y silenciados por quienes se “preocupan” por la dignidad del ser humano.

Tercer problema: si como bien dice la primera propuesta, la persona humana “es sujeto de la integridad de los derechos humanos” ¿qué credibilidad puede tener en la materia una institución que en pleno siglo XXI no ha firmado ni adherido a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, y que en su propio ordenamiento jurídico mantiene normas violatorias de derechos y garantías fundamentales?

Como señala el teólogo José María Castillo “la iglesia católica tal como está organizada y tal como de hecho funciona, no puede aceptar el texto íntegro de la Declaración Universal de los Derechos del Humanos. Porque no puede aceptar la igualdad efectiva y real de hombres y mujeres. Ni la libertad de expresión y enseñanza sin recortes. Ni las garantías jurisdiccionales en el enjuiciamiento y medidas disciplinarias. Ni la participación de todos los miembros de la Iglesia en la designación de los cargos eclesiásticos. Y la lista de cosas que la Iglesia no puede aceptar, en lo referente a derechos humanos, se podría alargar mucho más”. (12)

El principio valor comentado se relaciona con el punto a) de la agenda electoral sugerida, es decir, la necesidad de la iglesia de conocer qué proponen los candidatos a cargos públicos electivos respecto a “la protección de la vida desde su concepción y hasta su término natural. En especial el cuidado de mujeres, niños y ancianos que sufren diversas formas de abandono”.
En este otro punto vuelve a presentarse el problema de la credibilidad y la coherencia de la institución. Con un eufemismo se hace referencia al aborto y se hace extensivo a cuestiones bioéticas (término de la vida), problemas sociales que deben ser contemplados por el Estado mediante políticas públicas y legislación laicas.

Ahora bien, la iglesia católica romana “defensora de la vida” es la misma que silenció la violación de cientos de monjas a manos de sacerdotes en 23 países, embarazadas y sometidas a abortos. Estos hechos fueron denunciados en la revista estadounidense National Catholic Reporter en 2001 mediante informes realizados por las religiosas María O’Donohue y Maura McDonald. El problema, admitido por el Vaticano, motivó que el Parlamento Europeo sancionara la Resolución “Sobre la violencia sexual contra las mujeres y en particular contra religiosas católicas” de fecha 05/04/2001.

El último punto no tiene desperdicio, lo transcribimos: “G) Recordando que el abuso sexual constituye un delito contra la persona humana y que los autores de estos delitos tienen que ser entregados a la justicia,

1. condena toda violación de los derechos de la mujer así como los actos de violencia sexual, en particular contra religiosas católicas, y expresa su solidaridad con las víctimas,

2. pide que los autores de estos delitos sean arrestados y juzgados por un tribunal; pide a las autoridades judiciales de los 23 países citados en el informe que garanticen que se aclaren totalmente en términos jurídicos estos casos de violencia contra las mujeres;

3. pide a la Santa sede que considere seriamente todas las acusaciones de abusos sexuales cometidos dentro de las propias organizaciones, que coopere con las autoridades judiciales y que destituya a los responsables de cualquier cargo oficial;

4. pide a la Santa Sede que reintegre a las religiosas que han sido destituidas de sus cargos por haber llamado la atención de sus autoridades sobre estos abusos, y que proporcione a las víctimas la necesaria protección y compensación por las discriminaciones de las que podrían ser objeto en lo sucesivo;

5. pide que se haga público el contenido integral de los cinco informes citados en el National Catholic Reporter;

6. encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a las autoridades de la Santa Sede, al Consejo de Europa, a la Comisión para los derechos humanos de las Naciones Unidas, a los gobiernos de Botswana, Burundi, Brasil, Colombia, Ghana, India, Irlanda, Italia, Kenya, Lesotho, Malawi, Nigeria, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Sudáfrica, Sierra Leona, Uganda, Tanzania, Tonga, Estados Unidos, Zambia, República Democrática del Congo y Zimbawe”.

Esta iglesia católica que defiende la vida, es la misma que miró para otro lado y avaló el robo de bebés durante la última dictadura militar argentina convirtiéndose en cómplice de un delito aberrante: la eliminación del derecho a la identidad de las personas. Ahí no existió ni preocupación  ni defensa de la vida del recién nacido, y fueron más allá: se le daba la comunión a los genocidas porque esos sí que eran “buenos cristianos”. Tampoco le importó la vida de sus propios religiosos y laicos que fueron detenidos y asesinados por las fuerzas armadas, muchos de ellos, entregados por la propia oligarquía episcopal.

La posición de los obispos en el tema aborto deja ver, además, una posición reduccionista ya que no tiene en cuenta el punto de vista de los sectores del progresismo católico que sí están a favor de la interrupción del embarazo; y machista por cuanto tampoco tiene en cuenta la opinión de vastos sectores de mujeres católicas y feministas sean laicas, teólogas o religiosas que también adhieren a esa práctica. Un ejemplo de ello lo tenemos con el colectivo “Católicas por el derecho a decidir”, cuyas propuestas son educación sexual para decidir, anticonceptivos por no abortar y aborto legal para no morir. En ese orden.

El problema social del aborto atañe a las políticas sanitarias públicas que el Estado deberá darle solución tarde o temprano, despenalizando o no el mismo dentro del marco normativo de la Constitución y los Tratados sobre Derechos Humanos incorporados a nuestro ordenamiento jurídico.

Es un problema donde, según la opinión de Gabriel Pereira, están presentes contextos de discriminación de género, pobreza, exclusión y desigualdad. Y las respuestas de la ideología católica para ese complejo entramado conllevan escasas soluciones. Por lo tanto la solución al problema es laica, no es una solución religiosa.

Pasamos a la segunda propuesta

b) “La familia, como célula básica esencial de la sociedad, sujeto de derechos y obligaciones inalienables, primera y principal responsable del crecimiento y de la educación de los hijos”. Asimismo, guarda relación con el segundo punto de la agenda electoral: “El fortalecimiento de la familia como prioridad social”.

El principio no ofrece reparos desde el momento en que la propia Constitución en el artículo 14 bis tercer párrafo habla de “protección integral de la familia”, pero sin ningún tipo de aditamentos. Familia a secas, en sentido amplio conforme los aportes del joven Derecho Constitucional de Familia.

Ahora bien ¿qué familia promueven los obispos católicos? La familia “natural”. Nuevamente la ideología se hace presente, ideología excluyente, discriminatoria y desfasada de la realidad en materia familiar.

Las ciencias que se dedican al estudio del fenómeno hablan de diversos tipos de familias. Nuevos grupos que han surgido por diversos motivos, sobre todo, culturales y por los nuevos roles que tienen las mujeres. Es la cultura y no la naturaleza la que marca la evolución de los referidos grupos.

Así ciencias como la antropología, la demografía y la psicología distinguen nuevos grupos familiares como son las familias de homosexuales, de lesbianas, familias ensambladas, familias  monoparentales, de madres solteras, de mujeres solas, de divorciados vueltos a casar. A ellas pueden sumarse las familias formadas por sacerdotes casados con o sin hijos, humillados por la institución quien los trata de traidores y calificados de delincuentes por el Código de Derecho Canónico (canon 1394  § 1).

No obstante aquellas realidades, los obispos católicos insultan y desprecian a esas nuevas familias sosteniendo que no son “verdaderas”, es decir, son falsas familias. El actual monarca vaticano – Benedicto XVI – no tolera que los gobiernos democráticos laicos legislen para brindar tutela legal a la problemática que presentan esos grupos humanos. Así sostuvo que “la sociedad no debe alentar modelos alternativos de vida doméstica en nombre de una supuesta diversidad” (13).

Siguiendo la misma línea discriminatoria y violenta, la Conferencia Episcopal Argentina sostuvo en su trabajo denominado “Educación para el amor”, lo siguiente: “Madres y padres solteros, uniones de hecho divorciados vueltos a casar, familias ensambladas, hijos extramatrimoniales… constituyen nuevos núcleos familiares alejados del modelo de familia provenientes del Dios Uno y Trino y de la Sagrada Familia de Nazareth. Debemos reconocer que son realidades familiares que merecen respeto y comprensión, pero que ciertamente no son modélicas: la familia se funda sobre el amor y consagración de un varón y una mujer unidos en matrimonio, con el fin de crecer en el amor y donar vida en la procreación” (14).
El párrafo no deja lugar a dudas por su carácter discriminatorio y por violar la libertad de elección de mujeres y varones en materia familiar, el histórico odio clerical a la libertad del hombre y su autonomía; en segundo lugar, el agravio a todas aquellas personas de buena fe que eligieron uno de aquellos estados o fueron llevados a ellos por las circunstancias de la vida; tercero, la falacia de creer que sólo en el matrimonio católico se “crece en el amor”; cuarto, el anacronismo y ridiculez de pretender que en pleno siglo XXI los matrimonios (todos) sean como la “sagrada familia”, el matrimonio Josefita, matrimonio no consumado si es verdad que María no tuvo relaciones sexuales con José, y donde no hay evidencias que la sexualidad de esa pareja se haya vivido en plenitud. En el imaginario de los obispos, sujetos que en teoría tienen prohibido enamorarse, mantener relaciones sexuales, tener hijos y formar una familia, el “ejemplo” de familia es un ideal de otra cultura y de otro tiempo, cuyos detalles de convivencia y roles se sabe prácticamente nada.

Como sostiene Juan José Tamayo, “la familia cristiana idealizada como ejemplo de virtudes, con la sagrada familia de Nazaret como modelo a imitar. Una familia en la que el padre no es padre, la madre es virgen y el hijo es Dios. ¡Imposible de imitar!” (15).

El modelo de familia que esconde el documento que comentamos no sólo es discriminatorio sino excluyente en lo social y violatorio de las libertades de varones y mujeres. Se atribuye la autoría del mismo al dios católico uno y trino del que la mayoría de sus bautizados ya no creen, y respecto al cual el resto de la sociedad argentina tampoco tiene por qué creer.

Todo lo dicho se ve corroborado por la “Nota Doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida pública”, elaborada por la Congregación para la Doctrina de la Fe, la inquisición romana que todavía existe pero con otro nombre y otras prácticas.

Dirigida “a los Obispos de la Iglesia Católica y, de especial modo, a los políticos católicos y a todos los fieles laicos llamados a la participación política en la vida pública y política en las sociedades democráticas”, las órdenes que contiene son clarísimas respecto al modelo excluyente y discriminatorio que se quiere imponer. Deben trabajar los católicos por “la promoción de la familia fundada en el matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto y protegida en su unidad y estabilidad, frente a las leyes modernas sobre el divorcio. A la familia no pueden ser jurídicamente equiparadas otras formas de convivencia, ni estas pueden recibir, en cuanto tales, reconocimiento legal”.

Se leyó bien: nulo reconocimiento estatal a las cientos, miles, millones de familias que no son “naturales”, ni a sus problemas, ni a la violencia de género que muchas veces se sufre, ni a ninguno de los efectos jurídicos que pueden plantearse en los nuevos núcleos que han surgido con los cambios culturales. ¿Puede haber una posición más inhumana y autoritaria?
La legislación en materia familiar de un Estado aconfesional como el argentino no tiene como fuente el catecismo católico sino los problemas de la sociedad, de mujeres y varones concretos, de nuevos fenómenos sociales que van surgiendo con los cambios culturales y que hay que solucionar. Son los representantes de la sociedad (gobernantes, legisladores), quienes deben gobernar para todos, creyentes y no creyentes; ni el Papa ni los obispos son representantes del pueblo.

Siguiente principio

c) “La libertad originaria de los ciudadanos y la subsidiaridad del Estado para garantizar una educación en valores humanos y democráticos”.

¿Puede ser sincera la propuesta de una institución que históricamente se ha opuesto a la libertad del hombre, y que en la actualidad su política y prácticas van en contra de su autonomía?

¿A qué valores humanos y democráticos se referirá el documento? ¿A la libertad de conciencia, no reconocida en el Código de Derecho Canónico? ¿A la libertad de pensamiento, sancionada como delitos de herejía o apostasía en el mismo cuerpo normativo? ¿Al derecho a la intimidad, tampoco legislado? De nuevo la paradoja: una institución donde las libertades están recortadas al máximo y existen numerosas normas contrarias a derechos humanos básicos.

Respecto a los valores, hay un discurso de sectores políticos serviles y obsecuentes a la oligarquía episcopal que promueven en sus discursos “los valores” y los identifican tácitamente con la religión católica. Se confunde a la sociedad y no se distingue la ética laica, de la moral católica, que en varios aspectos pueden coincidir pero en otros no. Todos los actos de los ciudadanos deben estar regidos por la ética, independientemente de la religión que se practique. La religión, tal vez, ponga un valor agregado a aquellos valores, tal vez no.
La moral católica, sus valores y orden moral sólo obligan a los practicantes de esa religión. No obligan al resto de la sociedad, mucho menos a los gobernantes que deben regirse por la ética laica. Y si analizamos históricamente qué han hecho los gobernantes (civiles y militares), que públicamente se han mostrado como católicos puede decirse que no han sido muy “modélicos” si a moral se refieren. Ejemplos sobran.

Friedrich Nietzsche hizo referencia al “orden moral” católico con toda crudeza: “¿Qué significa “orden moral”? Significa que hay de una vez por todas una voluntad de Dios respecto a lo que el hombre debe hacer y debe no hacer; que el grado de obediencia a la voluntad de Dios determina el valor de los individuos y los pueblos; que en los destinos de los individuos y los pueblos manda la voluntad de Dios, castigando y premiando, según el grado de obediencia. La realidad subyacente a tan lamentable mentira es esta: un tipo humano parásito que sólo prospera a expensas de todas las cosas sanas de la vida, el sacerdote, abusa del nombre de Dios: al estado de cosas donde él, el sacerdote, fija el valor de las cosas le llama “el reino de Dios”, y a los medios por los cuales se logra y mantiene tal estado de cosas, “la voluntad de Dios”; con frío cinismo juzga a los pueblos, tiempos e individuos por la utilidad que reportaron al imperio de los sacerdotes o la resistencia que le opusieron” (16).

Por su parte, Fernando Savater sostuvo que las religiones “pueden decretar para orientar a sus creyentes qué conductas son pecado, pero no están facultadas para establecer qué debe o no ser considerado legalmente delito” (17)

Un Estado laico debe promover valores éticos laicos coincidan o no con los religiosos.
Siguiente principio.

d) “El bien común como fin de la sociedad y del Estado; por lo tanto de todas las acciones de gobierno y de ciudadanía. Los ciudadanos somos beneficiarios y corresponsables del bien común de nuestra Nación”.

La versión católica del bien común se puede encontrar en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes cuyo N° 26 lo define así: “el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección”.

La definición, vigente en la actualidad, presenta varios inconvenientes: primero, al ser una noción ideologizada es sensible a los cambios culturales y sociales, por ende es un concepto residual y remanente de la década del 60 (Gaudium et Spes se sancionó el 7 de diciembre de 1965); segundo, aparece acá el problema del método deductivo inaplicable a las innumerables situaciones particulares que viven las sociedades producto de las diversas culturas y costumbres.

Al ser tan general y vacía de contenido no se sabe a ciencia cierta qué asociaciones y qué miembros de la vida social pueden acceder al conjunto de condiciones de vida que les permita el más pleno y fácil logro de su propia perfección y cómo se compone ese conjunto de condiciones.

Cabe recordar que el argumento del bien común fue sostenido por los extremistas católicos y evangélicos para oponerse al matrimonio igualitario. Su admisión iba en desmedro del bien común de los argentinos.

¿Debe entonces entenderse que sectores sociales como los homosexuales y lesbianas no entran en el concepto de bien común del catolicismo? ¿Qué pasa con otros sectores, por ejemplo, los que luchan por los derechos y libertades de las mujeres? Esta visión católica del bien común ¿alcanza a los derechos sexuales y reproductivos? ¿Tendrá en cuenta los nuevos problemas del derecho constitucional de familia? La cuestión no es tan lineal ni tan simple como la plantea la DSI.

Tercer problema: el nulo aporte de las ciencias, algo reiterado en el pensamiento episcopal. El problema del bien común se relaciona con los fines del Estado, cuestión fundamental abordada tanto por la Ciencia Política como por la Teoría del Estado. Dependerá en qué posición epistemológica uno se sitúe para determinar si el Estado tiene fines y cuáles son, o si sólo tiene funciones y en qué consiste cada una de ellas. Hay teóricos que, incluso, consideran que el bien común no existe, por ejemplo, Schumpeter para quien no existe el bien común de todos ya que “para los diferentes individuos y grupos, el bien general significa cosas diferentes”. (18)
De manera que, tal como está planteado, resulta un tanto ingenua la proposición y es más bien una buena intención.

El tan manoseado bien común es una construcción de toda la sociedad que debe trabajar para remover los obstáculos políticos, económicos, sociales y culturales, remoción a la que muchas veces la propia iglesia católica se ha opuesto. El catolicismo, si bien participa como un actor más y propone, no tiene la última palabra en el asunto. No hay verdades absolutas en materia de bien común y fines del Estado.

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e) “El destino universal de los bienes, la solidaridad y la participación rigen la vida política y social de los pueblos en orden a generar igualdad de condiciones, sin excluidos ni desechables, conforme a nuestra dignidad de personas. En nuestro país adquieren principal relevancia la opción preferencial por los pobres y el fortalecimiento de nuestro sistema democrático”.

Las cuestiones de la participación y el fortalecimiento democrático serán analizadas en el punto siguiente. Interesan ahora dos puntos:

– El problema de la igualdad de condiciones: ¿a qué condiciones se refieren? ¿Cómo se aplica la igualdad de condiciones en la iglesia católica? ¿Varones y mujeres son tratados del mismo modo en esa institución? ¿Existe la igualdad de oportunidades? Según el Derecho Canónico las mujeres ¿tienen la misma capacidad jurídica que los varones?

El problema de la igualdad como derecho humano relativo a las mujeres dentro de la iglesia, lleva de modo directo a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, instrumento internacional que la Santa Sede no ha firmado ni adherido.

Y si legalmente la institución va en contramano de lo que predica, en la práctica la cuestión no es mucho mejor por la misoginia que se trasluce en sus praxis.

La propuesta de consolidar la igualdad de condiciones conduce, también, “al” problema de la igualdad religiosa en la Argentina. Nos referimos a la igualdad de trato que el Estado debe deparar a las organizaciones e instituciones religiosas que en nuestro ordenamiento jurídico está vulnerada por un ignominioso sistema de privilegios del que goza la iglesia católica en desmedro de otros credos que sólo se sostiene por tradiciones y costumbres cuya caducidad se ha visto reflejada en las últimas encuestas realizadas en nuestro país.

Dicho sistema de privilegios se estructura en cuatro pilares: el art. 2 de la C.N.; el art. 33 del Código Civil; el Concordato con la Santa Sede de 1966 firmado durante la dictadura militar de Onganía, y el conjunto de leyes “sancionadas” durante la última dictadura militar y que se refieren al sostenimiento económico de la iglesia.

Entre ellas se encuentra la ley 21.950 con la que el genocida Jorge Videla premió a sus obispos y cuyos primeros artículos dicen textualmente: art. 1: “Los arzobispos y obispos con jurisdicción sobre arquidiócesis, diócesis, prelaturas, eparquías y exarcados del Culto Católico Apostólico Romano gozarán de una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración fijada para el cargo de Juez Nacional de Primera Instancia, hasta que cesen en dichos cargos”. El art. 2 dispone: “Los Obispos Auxiliares de las jurisdicciones señaladas en el Artículo 1º y el Secretario General del Episcopado tendrán una asignación mensual equivalente al 70 % de la remuneración fijada para el cargo de Juez Nacional de Primera Instancia, hasta que cesen en dichos cargos”.

La “asignación” pagada con fondos públicos convierte a la oligarquía episcopal en un parásito en términos políticos y económicos, pagados por toda la sociedad para que anuncien en sus sermones que Jesús fue ¡¡pobre!! ¿Hay antecedentes de que Jesús recibiera pagos de Poncio Pilato o alguna autoridad política de su época?

Respecto a esta vergonzante ley, cuya inconstitucionalidad es innegable, el presidente del bloque de diputados de la Concertación, Hugo Prieto, presentó días pasados un proyecto de ley donde propone que los arzobispos, obispos, obispos auxiliares y el secretario general del Episcopado sean incluidos entre los funcionarios públicos obligados a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales. Dicha propuesta fue calificada por los sectores integristas católicos de “polémica” ¿polémica para quién?

– La opción preferencial por los pobres: obispos católicos ricos, disfrutando de los beneficios del capitalismo sin ningún tipo de trabajo productivo para los argentinos, reciben asignaciones estatales mientras se llenan la boca con la opción preferencial por los pobres ¿es creíble esto? ¿No será una tomada de pelo?

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f) “La subsidiaridad va de la mano con la participación y la solidaridad para permitir y favorecer el verdadero desarrollo humano y social: ni un Estado que abandona ni uno que lo hace todo”.

Buena intención pero vacía de contenido, ya que la expresión “ni un Estado que abandona ni uno que lo hace todo”, dependerá fundamentalmente cómo intervenga el Estado en la economía, de manera directa o indirecta. Históricamente los sectores empresarios argentinos no se han mostrado muy amigos del principio de subsidiariedad. Y eso que muchos de ellos aparecen públicamente como católicos confesos.

6. La participación ciudadana: haz lo que digo, no lo que hago

El de la participación ciudadana es otro de los puntos abordados en el documento que comentamos. Pero las buenas intenciones que sus autores demuestran van en contramano de lo que pasa en la iglesia católica.

El catolicismo romano tiene una estructura y organización monárquica, vertical, con una oligarquía de corte teocrático que gobierna, y un funcionariado y burocracia clerical que poco tienen que ver con el laico y judío Jesús, y mucho que ver con el Imperio Romano.
Obviamente, su funcionamiento es contrario a la democracia; derechos y libertades están restringidos a lo que dictamina aquella oligarquía mediante normas respecto a las cuales los laicos no tienen participación alguna en su formación. Todo un ejemplo a seguir e imitar. Si a ello se le suma una fuerte restricción a la igualdad jurídica y de oportunidades para mujeres y varones, la propuesta a la ciudadanía que analizamos no pasa de ser una caricatura.

Al ser la última monarquía absoluta del planeta sus postulados se aplican al funcionamiento de la institución en particular. Los laicos son súbditos del Papa y de la oligarquía que gobierna y se ven privados en pleno siglo XXI de las notas que caracterizan a los sistemas republicanos: división de poderes, responsabilidad de los funcionarios, igualdad ante la ley, periodicidad en las funciones. La publicidad de los actos de gobierno rige pero de modo restrictivo y según el capricho del clero. Asimismo, los sistemas participativos de elección de las autoridades mediante métodos democráticos de elección directa no existen. Todo el estamento clerical es impuesto sin tener en cuenta la opinión ni participación del laicado. Y en el caso de los obispos, se imponen por una decisión de la oligarquía vaticana.

Entonces ¿desde qué lugar y con qué experiencia un grupo de laicos católicos propone mejorar el sistema participativo de la joven democracia argentina?  ¿No tendrán que peticionar y luchar por la democratización real y efectiva de la institución a la que pertenecen? ¿Sabrán estos laicos cómo se elegían los obispos en la antigüedad? ¿Habrán investigado cómo el clero les usurpó el poder a los laicos? ¿Habrán comparado el funcionamiento de los primeros grupos cristianos (que no eran católicos), con el que se implantó desde el siglo IV dC con el emperador Constantino? ¿Tendrán idea si el concepto de autoridad era utilizado en las primitivas comunidades cristianas?

Por eso resultan contradictorios los planteos del punto 4 del Documento: “contar con información confiable y completa relativa a los antecedentes de los candidatos, tanto sobre sus capacidades como sobre sus actuaciones públicas y privadas, sus patrimonios y niveles de ingresos actuales, negocios, proyectos personales y para la gestión pública a la que se proponen y su conocimiento de los barrios y comunidades más carenciadas así como de las necesidades que las afectan”.

“… conocer además: ¿Qué intereses personales o de grupo los impulsan a ser candidatos a la función pública que se postulan? ¿Cómo tales intereses se subordinarán a sus servicios al bien común y en especial a los más pobres y excluidos? ¿Cómo harán para sostener en el tiempo los lineamientos de sus propuestas, sin sucumbir sometidos a intereses económicos o propios de la competencia política de cada momento?

¿Harán similares planteos a los candidatos a diáconos, sacerdotes, obispos, cardenales, y también a los papables? ¿O aplican la obediencia del cadáver?

Asimismo, la cuestión del control y fiscalización de lo que hacen las autoridades eclesiales es fundamental; pero la praxis institucional demuestra lo contrario. Un ejemplo vernáculo que ilustra lo que venimos sosteniendo respecto de la ausencia de control: las gestiones que el Arzobispado de Mendoza llevó a cabo ante la Santa Sede para que se le otorgara un título honorífico a un sacerdote que había sido expulsado del ejército español por abusador sexual, a cambio de dinero, asesoramiento y know how para un organismo eclesial que ha sido creado recientemente.

Preguntas que surgen solas ¿Quién controló a las autoridades? Estos laicos que elaboraron el documento ¿pidieron algún tipo de explicación? ¿Presentaron algún pedido de informes? ¿Se consumó el delito de simonía de parte de los intervinientes? ¿Qué tipo de responsabilidades se determinaron? ¿Hubo sanciones a los responsables?

Habrá que concluir, respecto a las propuestas sobre participación democrática, que sólo son buenas intenciones. Hay una abrumadora carencia de sustento teórico y sobre todo práctico. No hay praxis democrática en la iglesia católica. No hay ejemplo a seguir.

Finalmente, es positiva la enumeración de necesidades en conocer lo que proponen los candidatos con respecto a una seria de materias como por ejemplo la problemática de las adicciones; el tráfico de drogas, de armas y de seres humanos y la situación de adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan, entre otros. No obstante, hay que advertir que detrás de cada una de aquellas materias también está la ideología episcopal con sus intereses sectoriales.

7. Breve síntesis

El documento elaborado por un sector del laicado católico y puesto a consideración de la ciudadanía reconoce diversos aspectos positivos: el ejercicio de la libertad de expresión de un grupo de ciudadanos y creyentes de la sociedad; sus aportes para el mejoramiento del joven sistema democrático argentino; la defensa de determinados principios, también compartidos por otras fuerzas y actores sociales; la innegable actividad asistencialista de la iglesia. Hechos positivos si se tiene en cuenta la histórica participación de determinados sectores católicos en todos los golpes de Estado que sufriera nuestro país. Aparentemente, se aprendió la lección.
El documento no contiene aportes laicos propiamente dichos. Es la repetición de los principios y valores elaborados por los obispos católicos en la DSI. No es producto de un pensamiento laico autónomo ya que ese carácter no se encuentra en grupos como el que elaboró el documento sino en el progresismo católico que, según la clasificación de Tamayo, propugna un modelo eclesial crítico poco visible en Mendoza. Como consecuencia de ello, no han participado de la elaboración del documento los otros grupos en que está dividido de hecho el catolicismo.

En cuanto a su contenido sólo implica un conjunto de buenas intenciones, de orientaciones ideales. Se fundamenta en la DSI, una ideología más, utilizada tanto por gobiernos antidemocráticos como por dictaduras militares de América Latina.

Detrás del documento, en apariencia aséptico, se esconde el modelo social que surge de la DSI que, por su atraso en el tiempo y nulo aporte de las ciencias, conlleva una serie de riesgos para la laicidad de la sociedad, el pluralismo ético y la plena vigencia de derechos históricos y de otros en franco progreso, como por ejemplo, los que tienen que ver con la reproducción, perspectiva de género, identidad y bioética actualmente estudiados por el Derecho Constitucional de Familia.

Los riesgos mencionados se potencian por dos razones: primera, son los sectores neoconservadores e integristas los que tienen mayor presencia en el catolicismo en la actualidad quienes defienden dicho modelo social excluyente con pretensiones de imposición a toda la sociedad; segunda, hay un sector de la clase política obsecuente y funcional a esos sectores religiosos que son permeables en gobernar con los dogmas y doctrinas religiosas católicas. El modelo social de los obispos es idéntico al que rige actualmente en la institución, en plena crisis, por expulsar vastos sectores de fieles.

Las buenas intenciones se contraponen a la lamentable realidad que le toca vivir al laicado católico en pleno siglo XXI: falta de democracia, participación totalmente dependiente de la oligarquía episcopal, condicionada a su capricho y autoritarismo; menoscabo a la libertad de conciencia y pensamiento en cuestiones políticas y sociales; restricción de derechos; igualdad condicionada a los dictados de la oligarquía, sobre todo, en lo relativo a participación de las mujeres.

Los discursos episcopales, en apariencia conciliadores y moderados en materia de defensa de derechos humanos, se ven contradichos no sólo por los documentos y encíclicas que dicen lo contrario, sino fundamentalmente por la praxis que se observa dentro de la institución.
De modo que luego de la lectura del documento surgen varios interrogantes: ¿Son suficientes los aportes que el grupo de laicos católicos proponen a favor de la democracia y la participación ciudadana? ¿Les alcanza sólo con las tareas asistenciales, o deberán madurar y llevar a cabo una efectiva promoción de las personas tal como lo pensaba Pablo VI en Evangelii Nuntiandi? ¿Tienen algo realmente cristiano para decirle a la ciudadanía, o sólo son portavoces de una oligarquía religiosa a la que hace tiempo le llegó la decadencia? ¿Seguirán anclados en una religión, cuyas doctrinas, dogmas, prácticas, liturgias y mandatos morales han caducado? ¿O harán una opción de vida por el ethos cristiano en el que no creen?

Tal vez haya que avisarles – como sostiene el filósofo Andrea Emo – que el catolicismo romano “contiene una cantidad enorme de valores morales, culturales y religiosos… una sola cosa ya no contiene: al cristianismo” (19). La ciudadanía hace tiempo que se dio cuenta.
El autor: Carlos Lombardi es abogado y profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo.

NOTAS

(1) Tamayo, Juan José, “Las diversas tendencias eclesiales están en conflicto con peligro real de ruptura y sin apenas diálogo”, en www.redescristianas.net/…/juan-jose-tamayo-teologo-las-di…
(2) Pablo VI, Carta Apostólica Octogesima Adveniens, Nº 27.
(3) Bidart Campos, Germán. J., Doctrina Social de la Iglesia y Derecho Constitucional, 1ª ed., Buenos Aires, Ediar, 2003, p. 10.
(4) Seijo, Mario P., Doctrina Social de la Iglesia y Doctrina Social Cristiana, Buenos Aires, Ed. Ciencia Razón y Fe y Ed. Club de lectores, 1995, p. 17.
(5) www.religionenlibertad.com/index.asp?fecha=30/01/2010 –
(6) www.zenit.org/date2010-02-08?l=spanish –
(7) Rojas Mix, Miguel, El Dios de Pinochet: fisonomía del fascismo iberoamericano, 1° edición, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2007.
(8) op. cit. p. 117
(9) Flores d’Arcais, Paolo, El desafío oscurantista, Barcelona, Anagrama, 1994, p. 35.
(10) caminomisionero.blogspot.com/…/la-iglesia-el-arbol-y-el-b…
(11) Hitchens, Christopher, dios no es bueno, 1º ed., Bs. As., Debate, 2008.
(12) Castillo José María, Iglesia y Derechos Humanos. Revista Exodo.
(13) “Fuerte rechazo de Benedicto XVI a las familias alternativas”. Fuente ANSA.
(14) Página 53.
(15) “Sagrada familia, ¿ejemplo a imitar?”, en www.redescristianas.net/…/sagrada-familia-¿ejemplo-a-imitarjuan-jose-tamayo-teologo/ –
(16) Nietzsche, Friedrich, El Anticristo, Ed. Edaf, Madrid, 2005, pág. 49.
(17) Savater, Fernando, La vida eterna, Ariel, 2007, Barcelona, p. 212.
(18) Schumpeter, José, Capitalism, Socialism, and Democracy, 4° ed. Londres, 1959, p. XII.
(19) Citado por Armando Mateo, Credos Posmodernos. De Vattimo a Galimberti: los filósofos contemporáneos frente al cristianismo, 1° edición, Buenos Aires, Marea, 2007.
Carlos Lombardi, es abogado, especialista en derecho canónico y docente de la UNCuyo