La iglesia católica es experta en penalizaciones. Casi se podría afirmar que es mucho más conocida por sus prohibiciones acompañadas de castigo que por sus impulsos para acometer proyectos beneficiosos. El libro del derecho canónico que determina la legitimidad o el delito de los actos de los católicos dedica de sus 1752 cánones, 88 a establecer delitos y penas, si no tenemos en cuenta todas las obligaciones graves fijadas en cada capítulo, referidas a las actividades que allí se describen. Si bien en todos los casos hay especialistas que le buscan la vuelta para lograr una interpretación benigna, desde la jerarquía suele elegirse como norma, la más severa.
Sin embargo, todo lo establecido por el Derecho canónico es nada si se compara con la actitudes penalizantes asumidas frente a determinadas conductas referidas al orden privado, que no dañan al orden público y constituyen un derecho de la libertad individual y una valoración de la conciencia como última medida de la responsabilidad personal. Y la institución eclesiástica es absolutamente reacia a despenalizar una cantidad de conductas que se califican como pecado y se asocian a ese fracaso definitivo del destino humano que se ha designado como INFIERNO descrito siempre con una truculencia superior a la del Dante.
A esta altura de la marcha de la humanidad en que, desde la investigación y la experiencia, se han recogido tantos datos para determinar lo conveniente y lo dañoso para el ser humano, para especificar lo que es humano y antihumano en una cantidad de cuestiones, la iglesia debiera proceder a una rápida despenalización de muchos considerados delitos. Debiera primero, despenalizar el placer, absolutamente condenado en cualquiera de sus niveles corporales. A continuación debían ser abarcadas por esa despenalización, la limitación responsable del número de hijos, la educación sexual considerada impulso excitante, los métodos anticonceptivos modernos, el uso de preservativos entre otras cosas para evitar el SIDA, la situación de los divorciados que han contraído nuevo matrimonio, la acción reivindicativa de los derechos y dignidad de los pobres cuando traspasa los límites de la limosna caritativa, la libertad para pensar y exponer el pensamiento con argumentación y debate, la democracia inadmisible en su estructura monárquica…y ¡cuántas cosas más!
Pero la inclinación manifiesta es a penalizar. Porque penalizar disminuye al individuo por el temor y lo hace presa fácil del autoritarismo. Afirma un prestigioso historiador latinoamericano Enrique Dussel que ninguno de los grandes descubrimientos científicos a través de la historia ha dejado de darse el lujo, en sus comienzos, de ser condenado por la iglesia.
Está sobre el tapete la despenalización del aborto. No es extraño que la Iglesia como en tiempos de torturas, dictaduras y represiones carcelarias, insista en el respeto a la vida no nacida justificando su indiferencia frente a las violaciones más crueles de los derechos humanos. El argumento simple es que un delito contra la vida no puede quedar impune. No se puede despenalizar un delito. Pero no se atiende a una razón que destruye la fuerza teórica de ese argumento. Todos los empeños penalizantes han fracasado en el logro de la disminución de los abortos. Y han logrado que en los realizados clandestinamente se pierdan muchas vidas de madres que se deben a muchos hijos. Estas afirmaciones están apoyadas estadísticamente. ¿Por qué no desclandestinizar una práctica que todos deseamos que disminuya, para que pueda recurrirse a todos los medios que hoy suministran la medicina, la psicología, la sociología, las instituciones que se responsabilizan de la atención a los recién nacidos? ¿Por qué no aprovechar las conclusiones científicas acerca de la humanización de los pre-embriones para proceder inmediatamente en casos de violación?
Estamos pisando un terreno muy frágil. Pero evitar el debate y optar por la penalización es, a mi entender, una tendencia peligrosa y antisocial.
José Guillermo Mariani (pbro)
