Se trata de una especie de juego trágico. Hay gente que está esperando que un menor delinca que aprovechar el caso y transformarlo en postura política antioficialista. El “blumbergazo” ha estallado nuevamente. Y la oposición atribuye a un capricho de la presidenta, la negativa a disminuir la edad de imputabilidad.
Creo que es mantenimiento firme de una posición que coincide con la que hasta ahora se ha mantenido contra viento y marea, de evitar la represión de movimientos sociales reivindicatorios u opositores políticos. Pero además, me alegra de que sea una mujer la que, sabiendo lo que importan los hijos, se resista a la represión infantil en todas sus modalidades.
¿Acaso no existen institutos de menores para sacar de la calle a los realmente peligrosos? ¿Acaso no tenemos escuelas para educar a niños y adolescentes? ¿Acaso un menor encarcelado o torturado es una lección para quienes seducidos o utilizados por los mayores entran en ese círculo del que les resulta imposible liberarse y se presenta como el único recurso para saciar sus carencias? ¿Acaso es argumento válido que en otros países el régimen sea distinto? ¿Se ha hecho balance de cuáles son los países que tienen más alta la edad imputable? Algunos establecen el límite entre 12 y 18. Pero la mayoría entre 14 y 18 años, de modo que lo nuestro es correcto, también de acuerdo con las estadísticas. ¿Acaso no vale la pena mejorar la calidad de infraestructura, educacional y psicológica de los institutos de menores antes de mandarlos a la cárcel para que aprendan todas las mañas que no tienen? Se habla en el proyecto de ley que tiene media aprobación del senado, de institutos para rehabilitación, de moderación de los castigos, de acceso facilitado para la educación escolar y laboral… ¿y todo esto no es posible, sin disminuir la edad de imputabilidad? Todo lo demás, lo que ya existe y lo que la ley disponga que debe existir, ¿no seguirá por el mismo camino, porque no se dispone de los medios necesarios? Pareciera que nos estamos vengando en los chicos y adolescentes, de nuestros propios desaciertos. Desconocer que su violencia depende de nuestras violencias, desconocer que los estamos provocando constantemente tratándolos como incapaces de pensar, de opinar, de participar al menos en las cosas que a ellos les interesan y en las que, se quiera o no, están involucrados por no decir utilizados, todo eso es erróneo e injusto. Hay otros países en que la edad es menor que aquí. Pero ¿tienen también constancia de que allí ha disminuido realmente la delincuencia juvenil? Las tomas estudiantiles de establecimientos escolares a fines del 2010, fueron una campana de alerta para que se tome en cuenta seriamente a los adolescentes. Que dejen de ser objetos manejados y se transformen en sujetos de derechos y de acción constructiva de la sociedad. Ya se está insinuando el convencimiento de que las promesas que les hicieron los responsables, en cuanto a mejoramiento de la infraestructura de muchos edificios escolares y a la participación real en la discusión de la ley de educación, no se cumplieron sino mezquinamente y como una engañifa.
No tengo hijos propios pero me duele pensar en un chico delincuente acosado por la policía, maltratado en el camino, tirado en una prisión, con los ojos desmesuradamente abiertos al constatar la maldad de los adultos y la impotencia absoluta para defenderse. El delito de “portación de cara” que ya ha comenzado a ser realidad entre nosotros se va a extender a los adolescentes, y con los actos de injusticia o de error los traumatizaremos para siempre. Que sea necesaria un debate para la elaboración de una nueva protesta procesal juvenil nadie lo niega, pero que no adquiera esa lamentable característica de que la oposición está en contra sólo porque se trata de una propuesta oficial. Y ¡por favor! No hablemos más de los chicos como causantes calificados de la inseguridad social.
José Guillermo Mariani (pbro)