El caso del trabajador de barrio Cerro Norte que el viernes pasado se defendió durante un violento asalto en su vivienda con una espada del tipo “catana”, un sable japonés utilizado por los samuráis, adquirió una repercusión inusitada en un momento de suma sensibilidad por la creciente ola delictiva y de violencia urbana que afronta la ciudad de Córdoba. Los oportunistas de siempre aprovecharon la ocasión para viralizar las fotografías de los tres ladrones heridos; un videojuego humorístico; y hasta una canción en ritmo cuartetero con el objetivo de homenajear a “la original forma de justicia por mano propia”. El hecho puede parecer gracioso pero no lo es.
En plena campaña con miras a las elecciones provinciales del 5 de julio próximo, el mencionado robo desató un vendaval político, con protestas vecinales y acusaciones cruzadas entre el jefe de Policía, Julio César Suárez, y miembros de la justicia cordobesa. El titular de la fuerza de seguridad lanzó un planteo para la tribuna, al advertir que los delincuentes son detenidos y excarcelados con llamativa celeridad, por lo que reclamó una modificación de las leyes vigentes. En contrapartida, el fiscal General de la Provincia, Alejandro Moyano, y el presidente de la Asociación de Magistrados, Luis Paoloni, negaron la presunta existencia de una “puerta giratoria” y aclararon que los fiscales y jueces penales “actúan de acuerdo con la ley y la jurisprudencia” marcada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El titular del Ministerio Público Fiscal fue más allá y criticó la facilidad que tiene Suárez para “generalizar”, y agrego yo, estigmatizar a las clases populares. En sus recientes cuestionamientos, Moyano aludió a otro contrapunto que mantuvo el año pasado con el jefe de Policía cuando se pusieron en marcha los polémicos operativos de saturación callejera, como respuesta al acuartelamiento y los posteriores saqueos de diciembre de 2013. En ese período, el mandamás de los uniformados dio por sentado que los motociclistas detenidos eran malhechores o “motochorros”, lo que disparó la réplica verbal del fiscal General, quien le recordó que había que esperar los juicios y las condenas para llegar a semejantes conclusiones.
La gran Blumberg
El ejemplo de lo que está aconteciendo en Córdoba es válido para toda la Argentina, donde cada tanto se producen delitos que conmueven a la opinión pública, y provocan reacciones emocionales peligrosas, debido a que son arrebatos que motivan demandas de reformas de fondo hechas en caliente. En ese sentido, cabe evocar a modo de ejemplo el secuestro y posterior asesinato de Axel Blumberg, que en 2004 habilitó un arsenal de disparates. El padre de dicho joven, el tristemente célebre “ingeniero” Juan Carlos Blumberg, se convirtió de la noche a la mañana en un superhéroe mediático que forzó reformas brutales en la legislación penal. Por más que el paso del tiempo desnudó la verdadera naturaleza de ese empresario, en el presente debiéramos hacer memoria y tener cuidado a la hora de instar a que se aplique la mano dura, sobre todo si se está ejerciendo un cargo de relevancia en la administración pública.
Lo que ocurre en la actualidad es una consecuencia directa de un discurso político, mediático y social exacerbado, que ubica a la “inseguridad” como tema prioritario de la campaña sin tener en cuenta que hay problemáticas estructurales bastante más complejas, a las que haré mención sobre el final de esta columna. Si bien existen hechos puntuales y serios en materia de robos, la repetición mediática de esos acontecimientos y el abordaje detallado de los aspectos más escabrosos, como puede ser la exhibición de las imágenes de los maleantes “ajusticiados” por el llamado samurái cordobés, ha contribuido a crear un clima de miedo muy arraigado en la sociedad. Ese temor latente genera a su vez la proliferación de comunidades. Los grupos de habitantes indignados o preocupados por la inseguridad que aparecen en Facebook o en los celulares, a través de WhatsApp, son congregaciones que buscan contener la impotencia que muchas veces existe frente a la carencia de respuestas por parte de los distintos resortes del Estado. El inconveniente radica en que esos actores de la sociedad civil creen tener la legitimidad para asumir posturas y solicitar reacciones antidemocráticas.
Es cuanto menos preocupante dar por sentado que la defensa de la propiedad privada sigue estando por encima de la vida. Esto es posible mediante posturas inflexibles como las del jefe de Policía, que reclama normas más severas para encerrar en las cárceles a los delincuentes sin un proyecto de reinserción, o respalda las detenciones arbitrarias de miles de jóvenes y motociclistas por portación de rostro o de cilindrada. De esa manera, lo que está haciendo es avalar una concepción discriminatoria y arcaica que genera un “nosotros” (la ciudadanía) opuesto a un “ellos” que tiene que ser silenciado (los asaltantes).
Así es como las muertes de cientos de jóvenes en las barriadas periféricas de nuestra ciudad pasan prácticamente desapercibidas. Esos crímenes entre adolescentes que dirimen sus diferencias por medio de las armas son parte de una triste estadística que no asoma en la agenda de prioridades de los candidatos. Entre 2013 y 2014, esta capital fue testigo de 175 homicidios de esa índole. Sin embargo, esas muertes pasan sin dejar rastro. El trasfondo de este crudo panorama en las zonas consideradas “rojas” por la Policía, tales como Marqués Anexo; Villa El Libertador; San Roque; Bella Vista y Villa Martínez, sólo por mencionar algunas, no es otro que una consecuencia directa de una planificación ordenada de la exclusión.
Como se sabe, el principal eje argumental de los cruzados vecinos, comunicadores y funcionarios es atacar la inseguridad, sin divisar que estamos ante un fenómeno pluricausal. Todos los que exigen mano de hierro para la delincuencia insisten en separar los tantos entre “la gente” y los malvivientes. Al mismo tiempo, se centran en un conjunto de delitos, tal vez porque otros son, con frecuencia, cometidos por quienes ellos llaman “gente”. Hasta hace algún tiempo, los delitos sexuales o los femicidios eran ninguneados por los medios de comunicación concentrados por la sencilla razón de que eran hechos intrafamiliares o cometidos por personas cercanas a las víctimas, con los que no era conveniente meterse. Afortunadamente, esa visión está cambiando. Tampoco entran en la barrida los delitos económicos o de guante blanco. Los empresarios que evaden impuestos o que promueven el trabajo informal no dejan de ser “gente” para ciertos sectores del denominado Partido Conservador Cordobés.
Cuando los gobiernos invierten cada vez más fondos en cámaras, uniformados, patrullajes y control, en especial en los barrios de la clase media, la percepción vecinal es que una porción de la policía está vinculada al delito. La causa del narcoescándalo así lo demuestra. Al respecto, se llega a una conclusión que, pese a ser conocida, no deja de alarmar. Y es que aún no se vislumbra una estrategia de abordaje integral sobre este flagelo.
Lo que se requiere es definir un plan de recuperación global de las barriadas periféricas para que se fortalezca la presencia estatal y la participación comunitaria con el propósito de avanzar en una solución a los problemas más serios y recurrentes: la carencia de servicios básicos en materia de salud, transporte o higiene urbana; la precariedad habitacional; las adicciones; la violencia de género; o la ausencia de un proyecto de vida para los más de 92.000 jóvenes que no estudian ni trabajan en Córdoba. De acuerdo a lo informado en diciembre del año pasado por la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia, esa cifra representa el 15 por ciento de la población total de las personas de entre 14 y 24 años. Todos estos datos deberían ser tenidos en cuenta antes de salir a pedir más barrotes en las penitenciarías y más sablazos para los delincuentes.
Fuente: Hoy Día Córdoba
@ernestkaplan