Lentamente, con una lentitud que huele mucho a complicidad, se va retrasando, resistiendo o impidiendo el cumplimiento de la Ley de Glaciares (24.051) promulgada de facto por la Asamblea legislativa a fines de octubre del 2010. La falta de apresuramiento del poder ejecutivo para hacerlo o vetarla, determinó automáticamente su vigencia.
El proceso de auge en el país de la explotación minera comenzó, al menos de manera notable, con los gobiernos de los 90, en los cuales, para atraer inversiones de capitales extranjeros (máximo ideal de los economistas del sistema) se dictaron las leyes de “inversiones mineras”, “código de minería”, “acuerdo federal minero” y “protección ambiental”. Garantizadas de este modo las ventajas para las multinacionales, estas se fueron turnando, después de haber sido en varios casos objetadas en sus países de origen, para radicarse en lugares estratégicos de Argentina. En 1994 se liberó de impuestos las importaciones realizadas por esas empresas. El 3% de regalías y hasta el 5% del capital exportado, al margen de los beneficios por los productos extraídos, es lo que dejan esas actividades para el estado. Suizos, estadounidenses y canadienses asumieron la delantera. Y el método consagrado como más rendidor en costos y productividad, fue el de “cielo abierto”. El más contaminante. El argumento más popular esgrimido fue el de la generación de trabajo para miles de obreros desocupados o con media ocupación. Se dieron efectivamente inmediatos signos de prosperidad para muchos empobrecidos. Las empresas explotadoras que enajenaron nuestras tierras, nuestra salud y nuestras riquezas naturales petroliferas, minerales y metálicas, no tuvieron entonces reparos en contaminar el ambiente, envenenar nuestras fuentes acuíferas, talar nuestros montes, romper nuestras montañas.
Cuando ya todo estaba hecho en gran parte, bajo la cobertura de los gobiernos provinciales, con los empleos proporcionados y la regalías recogidas, comenzó a tomarse conciencia de lo que estábamos perdiendo con ese robo disimulado y seductor. Esquel, en Chubut, fue la primera población rebelada a través de un plebiscito que coronó muchos reclamos anteriores, (2002 y 3) con un 81% en contra del Desquite, la empresa canadiense establecida allí. Se produjo entonces un fallo judicial, que detenía los trabajos de instalación y producción. Tras muchos recursos de apelación, finalmente la Corte Suprema justificó la decisión de la justicia chubutense, de acuerdo con la ley provincial 4.092. El gobierno de Das Neves aseguró sin embargo que eso no variaba sus planes sobre el proyecto minero.
La Alumbrera, en Andalgalá, Catamarca, pasó por un proceso semejante. Allí, junto con importantes manifestaciones públicas de rechazo, se dieron otras a favor, propiciadas por empresarios, obreros y empleados de la empresa. Con motivo de la dura represión de policía y gendarmería en febrero del 2010, el intendente José Pérez afirmó que, si era necesario, llegaría a matar en defensa de los intereses de las empresas La Alumbrera y Agua Rica.
Córdoba en septiembre de 2008 había aprobado la ley 9526, prohibiendo explotación y cateo de metales y minerales uraníferos. Un recurso de amparo de los empresarios, frenó la ejecución de la ley, hasta hoy. Ahora, un juez federal de San Juan, Angel Manuel Galvez, acaba de pronunciarse contra la Ley nacional, trabajosamente elaborada en octubre del 2010, con el argumento de que constituye un avasallamiento de la autonomía provincial y por eso es inconstitucional. Así, el ya famoso gobernador Gioja (visiblemente sumiso a Barrick Gold) ha logrado dilatar la suspensión de los trabajos, imitando la táctica de los interminables recursos presentados para impedir el cumplimiento de la Ley de medios. Pascua Lama ha transgredido ya lo establecido por la ley que, con posterioridad a los incidentes producidos en la entrada de Veladero y Pascua Lama, el gobierno nacional se vio obligado a reglamentar. Todo lo cual queda ahora suspendido por esta y otras estratagemas del poderío económico de las Empresas, que buscarán postergar el cumplimiento de la ley hasta que no haya forma (post Facttum) de detener trabajos de instalación y producción. ¿Qué pasa? Debilidad del gobierno? Falta de conciencia ecológica en los legisladores? (la ley fue aprobada por 35 contra 33) Presión incontenible de las multinacionales? Dificultades de volver atrás de los privilegios que han colocado a estos “ladrones” en situación de grandes benefactores? Estrategia electoralista?…
Ciertamente, se trata de una gran deuda pendiente de este gobierno (no sólo del Ejecutivo) para con el pueblo.y la historia nacional.